El pasado 7 de mayo, los actores firmantes del Pacto por México suscribieron una adenda –o adéndum si se quiere usar este latinajo— compuesta de “11 compromisos adicionales”, la mayoría de ellos vinculados con el entorno electoral. Con esto, se puso fin a la primera “crisis” del Pacto cuya duración fue de apenas dos semanas, y que retrasó por ese lapso la presentación oficial de las iniciativas de la reforma financiera. También cabe decir que ninguna reforma en proceso de discusión legislativa se vio afectada por este contratiempo (por ejemplo, las modificaciones en materia de telecomunicaciones sólo esperan la promulgación presidencial). No obstante, el amago del PAN, seguido por el PRD, había funcionado. La oposición ha sabido aprovechar el escándalo por el uso indebido de los programas sociales en el marco de las campañas políticas en Veracruz, y la errática reacción del gobierno. Los descuidos de los usos y costumbres clientelares –por cierto, ya no exclusivos del PRI— han constituido oxígeno puro para las cúpulas panista y perredista.
La adenda no es la fijación de una agenda de reformas constitucionales, legales o administrativas, como lo es fundamentalmente el resto del Pacto. Por un lado, dicho anexo contiene un conjunto de compromisos que no son otra cosa que maneras de llamar al simple respeto a las leyes electorales vigentes, lo cual debería darse por sentado a estas alturas de la democracia mexicana (si bien sabemos que la sofisticación de la delincuencia electoral no conoce límites, ni colores partidistas). Pero la adenda establece además algunos contenidos relevantes como dejar congelada la operación de los programas sociales hasta el 7 de julio; revisar sus reglas de operación; estudiar los perfiles de todos los delegados federales; y crear comisiones plurales para preservar el entorno político de equidad en las contiendas que vienen en los estados. Sin embargo, en lo que constituye el mayor éxito de la oposición, la adenda prescribe adelantar la discusión de la reforma electoral para darle prioridad dentro de la agenda inmediata del Pacto, tal vez –no muy probable— en un periodo extraordinario de sesiones antes de septiembre. En esta materia, el PAN parece tener cada vez más claro su papel como factor de gobernabilidad y ha tomado la iniciativa presentando su propuesta en días recientes. Entre sus elementos destacables figura estipular el rebase en los topes financieros de campaña como causa de nulidad de un triunfo electoral, algo que encarará severas resistencias (a lo mejor hasta de miembros del partido proponente).
En general, con la adenda se han elevado enormemente los costos del “cochinero” electoral, no sólo para el PRI y sus gobiernos, sino para todos los actores, en un contexto de gran expectativa para la aprobación de reformas estructurales. Son tiempos revueltos, tiempos de chantajes que podrían impulsar o detener esas reformas. No parece casualidad que en los últimos días se haya publicado información que supondría graves casos de corrupción de importantes figuras políticas tanto del PAN -ni más ni menos que su ex presidente nacional-, como del PRI -el líder del sindicato petrolero y el último gobernador de ese partido en Tabasco. En todo caso, esperamos que las elecciones de julio no corten del todo el momentum reformista que vive el país, que la sangre no llegue al río y, por el contrario, que los nuevos compromisos asumidos se conviertan en acicate virtuoso para la responsabilidad de todos. La paradoja es que se ha entrado en una dinámica donde la frase “Quién esté libre de culpa, que lance la primera piedra”, puede resultar o en un tranquilo océano de impunidad para todos, o en una lapidación masiva donde casi nadie evitará salir raspado.
De lo que nadie puede dudar es de la importancia que el gobierno le asigna al pacto como mecanismo de procesamiento político y electoral. La adenda constituye una clara divergencia de las preferencias presidenciales y eso entraña un evidente compromiso. Los procesos electorales de julio próximo serán una mojonera para todos. La gran pregunta es qué pasa si el PRI acaba con carro completo o, en todo caso, qué resultado sería suficiente para que los tres partidos se mantengan fieles al mecanismo ideado por el gobierno del presidente Peña.
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