A dos meses del arranque de la nueva administración, y justo al inicio del segundo periodo ordinario de sesiones de la LXII Legislatura del Congreso, los compromisos plasmados en el Pacto por México ya vibran desde distintos ángulos de la sociedad exigiendo a los legisladores ponerse a trabajar. Ejemplo de ello es la posibilidad de que la iniciativa de reforma para el sector de telecomunicaciones ingrese este mes a la agenda de las cámaras. Las piezas del juego político en torno a su discusión y aprobación se empiezan a acomodar. Ahora bien, convertir las promesas en ley y, sobre todo, la ley en realidad, es la verdadera prueba de fuego. PRI, PAN y PRD han asegurado que actuarán desde una intención de colaboración (lo que obliga a preguntar si el consenso es posible); ya veremos si siguen pensando lo mismo durante los debates. Asimismo, no olvidemos que los intereses de los grupos de medios con mayor poder de mercado están lúcidamente representados en el Congreso. Entonces, ¿cómo se vislumbra el futuro próximo para esta eventual reforma?
Los temas son extensos, complejos, diversos y desafiantes: fortalecer a la Comisión Federal de Telecomunicaciones (COFETEL), garantizar acceso a la banda ancha en todo el país, abrir la competencia en telefonía, datos, radio y televisión, y reordenar la legislación para que exista una sola ley. Las grandes discusiones habitarán en los detalles. Es ingenuo pensar que la llamada “Telebancada” –colocada en su mayoría en el Partido Verde y el PRI—vote a favor de la “democratización” de los medios sin asegurar acuerdos compensatorios de sus intereses disminuidos. Habrá que estar atentos a jugadas magistrales para salvaguardar intereses e imagen pública de los que actualmente controlan el 94% de la TV abierta (Televisa y TV Azteca), el 80% de la telefonía fija (Telmex), el 70% de la móvil (Telcel) y el 70% de la TV de paga (Televisa). Por otro lado, el acceso a la banda ancha y las oportunidades comerciales que esto plantea desafiarán a los legisladores para aprobar un marco que permita la entrada de nuevos competidores en contextos de desarrollo económico equilibrados. ¿Se podrá? ¿Serán capaces COFETEL y la Comisión Federal de Competencia de regular con agudeza en nuevos mercados siguiendo tratamientos asimétricos para equilibrar fuerzas entre gigantes?
Desde la sociedad civil, diversas voces claman por una reforma completa que abarque todos los temas posibles. La Asociación Mexicana de Acceso a la Información (AMEDI), por ejemplo, ha puntualizado 21 acciones concretas para el sector que comprenden una variedad asombrosa de temas. Por su parte, el Consejo Coordinador Empresarial expresó esta semana que también presentará una propuesta de reforma al sector y pondrá énfasis en la penetración de banda ancha y acceso a tecnologías de la información. La OCDE, como es sabido, también está presente subrayando constantemente los efectos negativos en el bienestar de la población de la mala regulación del sector, con pérdidas financieras estimadas en 2% del PIB. En este sentido, cabe destacar que tanto la SCT como COFETEL han estado trabajando los últimos 14 meses intensamente siguiendo en su agenda las recomendaciones recibidas en vista de prepararse para la etapa de discusión sobre la reforma, pero ¿será este esfuerzo suficiente? Ante una larga espera por esta reforma, las expectativas se disparan, las exigencias se multiplican, todos quieren subir sus temas a la agenda de discusión. Hace falta mesurar los ánimos y entender que es necesario priorizar las discusiones y esperar que la reforma impacte positivamente en la competitividad, pero que también responda a soluciones eficientes en el manejo de recursos (como el caso de las televisoras y radiodifusoras públicas ya existentes), y defina criterios exigentes en financiamiento, transparencia de procesos y rendición de cuentas.
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