La aprobación del paquete fiscal 2011 será un gran reto para el Ejecutivo Federal, primordialmente por tres razones: el crecimiento de la economía post crisis será modesto, lo que impide considerarla como una fuente de financiamiento significativa del gasto público; la caída de los ingresos petroleros derivados de la disminución en la producción de PEMEX; y la creciente presión de los gobernadores por recibir más recursos para ejercer en un año clave para la sucesión presidencial.
El crecimiento esperado de la economía durante el 2010 hace inviable considerar un incremento en impuestos –ni en tasas ni en número– para financiar el gasto público, por lo tanto la estrategia del Ejecutivo tendría que enfocarse en ampliar la base gravable y en incrementar la calidad del gasto –más eficiente y orientado a actividades de mayor valor agregado e impacto social.
La producción y venta de petróleo es una de las principales fuentes de financiamiento del gasto público –en el periodo 2001-2009, en promedio, el 46% del gasto público fue financiado por la venta de petróleo– lo que hace en extremo vulnerables las finanzas públicas. Durante 2009 los ingresos por este concepto registraron una caída de 18% y según las estimaciones la tendencia para los próximos años es decreciente. Esto obligaría al Ejecutivo a plantear otras fuentes de financiamiento, sin embargo, podrían ser política y electoralmente costosas en el corto plazo.
Los gobiernos locales, a través de sus diputados federales, han incrementado la presión sobre el Ejecutivo para incrementar los recursos transferibles a sus entidades. Si bien, 1 de cada 3 pesos del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) lo gastan estados y municipios, en promedio, 85% de esos recursos son destinados a gasto corriente y sólo el 15% a gasto en inversión. Si se considera que el PEF para el 2011 será de alrededor de 3.37 billones de pesos, los recursos que ejercerían los estados ascenderían a poco más de 1.12 billones de pesos –recursos que en la mayoría de los casos se ejercen con opacidad y lejos del escrutinio público y la rendición de cuentas.
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