Los legisladores del Frente Amplio Progresista han tomado ambas cámaras del Congreso para impedir el avance de la reforma energética y de cualquier discusión dentro de los recintos legislativos. A una acción que ha sido calificada incluso como “secuestro”, los legisladores de PAN y PRI han respondido con la propuesta de un debate de 50 días y la sesión temporal en sedes alternas. Para el PRD esta oferta no es suficiente, exigen mínimo 120 días para debatir el tema petrolero (esto contaminaría la discusión con el debate del presupuesto), un referéndum nacional y seguramente alguna otra petición de última hora. Esta acción violenta es un claro desafío a las instituciones del país y evidencia los costos para el gobierno federal de retardar tanto tiempo la presentación de su iniciativa energética.
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