En los últimos días el PAN y el PRI han hecho reclamos y acusaciones mutuas sobre la Ley de Coordinación Fiscal y la deuda pública. Durante el último mes el PRI ha impulsado una propuesta de reformas a la Ley de Coordinación Fiscal que prevén un aumento en las participaciones federales que reciben los estados. En consecuencia, la bancada del PAN ha expuesto con cifras de la Secretaría de Hacienda, el crecimiento del endeudamiento de los estados como un argumento para desacreditar la propuesta del PRI, sosteniendo que es irresponsable cederles más recursos si en vez de generar ingresos propios comprometen las finanzas públicas de los siguientes gobiernos. Más allá de los argumentos expuestos en ambos lados, el ausente en este debate es el tema de la fiscalización de los recursos.
Es cierto que la deuda del Gobierno Federal ha aumentado, pero también es cierto que la deuda federal es una reestructuración de la deuda que las administraciones panistas heredaron de las priístas. No obstante, en términos internacionales, la deuda tanto del Gobierno Federal como de los estados es baja. Ello no es casuístico, las adopciones del consenso de Washington por parte de países como México obligaron a los gobiernos a estabilizar indicadores detrás de la macroeconomía, lo que implicó que se respaldara con grandes reservas en el banco central los bonos del gobierno (una gran ausencia en 1994), garantizando la solvencia financiera. En la misma medida, es cierto que muchos estados han aumentado su deuda a lo largo de los últimos años, pero en términos reales el aumento de deuda de los estados durante la gestión del Presidente Calderón promedió 7% al año, lo que es un foco amarillo, pero no es un indicador de peligro para el aval de esta deuda, el Gobierno Federal.
Ambos partidos tienen razón en los montos expuestos en sus argumentos, sin embargo, ambos partidos manipulan las cifras a conveniencia y evitan el verdadero tema relevante en las finanzas públicas: la fiscalización de los recursos. En última instancia, si llegaran más recursos a los estados, lo anterior debería ser benéfico para la población porque implicaría, en un mundo ideal, que reciben más transferencias y gasto en inversión. Sin embargo, al no abordar el tema de la fiscalización, se hace evidente que para los partidos la disputa que importa es por las transferencias y la cantidad de recursos y no la calidad del gasto. Como el fortalecimiento de las entidades de fiscalización afecta tanto a Gobierno Federal como a locales, porque implicaría una amenaza de sanción creíble, es de esperarse que lo mantengan al margen de la discusión.
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