Este 8 y 9 de julio se presentó, discutió y aprobó en Comisiones Unidas de Energía y Estudios Legislativos, Primera, del Senado, el tercer parque de leyes secundarias de la reforma energética. Estas iniciativas –cuyo núcleo son la Ley de Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Ley de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) –buscan fortalecer a las todavía paraestatales en su transición a ser empresas productivas del Estado, tal como mandata la reforma constitucional de diciembre pasado. Aunque el dictamen a votarse en el pleno senatorial el próximo 14 de julio –según lo plantea la más reciente calendarización—, detalla con minuciosidad algunas funciones que realizarán ambas empresas, los cambios propuestos tratan insuficientemente temas más escabrosos relacionados con su óptimo funcionamiento, sus esperados niveles de productividad y los mecanismos de transparencia a los que estarían sujetas.
De acuerdo con el dictamen aprobado, las modificaciones a la estructura interna de las actuales paraestatales (composición y funciones del consejo de administración, relación con empresas subsidiarias y filiales, forma de realizar transacciones con proveedores o contratistas, entre otros cambios) permitirá que estas empresas puedan competir en igualdad de condiciones con sus contrapartes privadas en el marco de la apertura energética. Por ejemplo, la redacción prescribe a PEMEX la obligación de sujetarse a los criterios de revelación de información establecidos en la Ley del Mercado de Valores y en concordancia con la legislación mercantil y civil. En el caso de la CFE, se fortaleció su consejo de administración, dándole más facultades para aprobar los proyectos y decisiones estratégicas de la empresa, como definir los procedimientos para la celebración de operaciones entre la CFE y sus filiales o subsidiarias. Asimismo, se incluyeron elementos como la creación de un sistema de información pública en los sitios de internet sobre proveedores y contratistas. En el mismo tenor, se creó la figura de un Comisario Independiente (uno para cada empresa), el cual tendrá la labor de evaluar anualmente el desempeño y presentar su informe a la Cámara de Diputados.
Aunque estas nuevas adiciones son positivas, no se tocan temas cruciales referentes a la propiedad de estas empresas –en la Ley de PEMEX se sigue estableciendo al gobierno y no al Estado como propietario–, ni la manera en que conseguirán lograr más productividad en su plantilla laboral. Además, se omiten temas trascendentales sobre el manejo y control de los pasivos laborales que aquejan a ambas, y las condiciones bajo las cuales brindarán certidumbre a sus futuros competidores en el entendido que la Secretaría de Hacienda actuará bajo conflictos de interés -extrayendo recursos de ellas de forma discrecional, presidiendo junto con la Secretaría de Energía los consejos de administración e interfiriendo en las determinaciones fiscales de los contratos con privados para la explotación de petróleo.
Una transición real de paraestatales a empresas productivas supondría la eliminación de prácticas más ineficientes que les han evitado ser competitivas en el pasado y el establecimiento con claridad de los límites entre propiedad, gestión y rendición de cuentas. Es capital también reconocer que los elementos que detonarán una mayor competitividad a PEMEX son muy distintos de los que impulsarán la de CFE. La Ronda Cero y algunas otras prerrogativas –aunado al gigantesco margen de ganancias en la explotación petrolera –permitirán a PEMEX ser relativamente competitiva, aun sin corregir muchos de los problemas de productividad que le aquejan. CFE no correrá con la misma suerte, puesto que los márgenes de ganancia de su mercado son diametralmente distintos, además que una tercera parte de la generación eléctrica nacional ya la realizan los denominados Productores Independientes de Energía –los cuales, por cierto, no tienen problemas de personal excesivo como la paraestatal— facilitando la creación del mercado mayorista donde competirán los generadores eléctricos.
En el fondo, hay un desafío en ambos lados de la hoja de balance. Por lo que toca a PEMEX, el asunto de la dependencia fiscal es tan fuerte que todavía hoy, a más de un año de que se enviaran las iniciativas de reforma, no ha comenzado a separarse la empresa del presupuesto federal. Aún en la mejor de las circunstancias, sería difícil imaginar que sería posible transformar a la entidad petrolera en una corporación mercantil dentro del presupuesto federal. En segundo lugar, el desafío político de administrar y romper a las mafias que caracterizan a su burocracia ni siquiera ha comenzado a ser contemplado. Finalmente, hay temas, ya mencionados arriba, que son vitales para su devenir: tal como se prevé para potenciales inversionistas privados es de esperarse que PEMEX pudiera registrar las reservas que le toquen en su balance; de ser así la empresa tendría que mantener los pasivos laborales porque, de lo contrario, resultaría una empresa extraordinariamente sana en apariencia, sin incentivo alguno a reformarse. Es claro que incluso los escenarios más benignos de implementación de las reformas son extraordinariamente optimistas respecto a la complejidad de lo que viene.
En suma, tanto PEMEX como CFE requieren cambios estructurales de fondo que al parecer el Senado está eludiendo. El riesgo de continuar pensando a dichas empresas bajo la lógica paraestatal, continuará generando ineficiencias operativas que limitarán el potencial competitivo de las mismas. Ahora bien, habrá que estar pendientes del cuarto bloque de leyes secundarias de la reforma energética, ya que su contenido final, a discutirse en las próximas horas, será crucial para las expectativas del régimen de apertura en el sector: el papel de los órganos reguladores.
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