La fuga de 131 reos del penal de Piedras Negras, Coahuila, ocurrida el 17 de septiembre pasado, parece un resultado natural ante el diagnóstico que publicó esta semana la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH): en 60% de los centros penitenciaros del país prevalecen los autogobiernos de bandas del crimen organizado. Aunque alarmante, no se trata de una problemática recién identificada. Más aún, sus consecuencias se han verificado, en los últimos años, a lo largo de todo el país. Sólo de 2010 a la fecha, se han documentado por lo menos 14 fugas, la evasión de más de 500 internos y un saldo de 352 fallecidos en motines. Entre todos los factores que empantanan el funcionamiento del sistema penitenciario, en especial a la luz del estado actual de la criminalidad y la violencia, destaca el de la indefinición de responsabilidades.
En el caso de Piedras Negras, por ejemplo, si bien el incidente sucede en una prisión local, 86 de los internos fugados eran reos federales. Los acuerdos, formales e informales, que sostenía el gobierno federal con las entidades para mantener a sus procesados y sentenciados en prisiones locales ya han probado su ineficacia. Por ello – y como una medida tardía consecuencia de la carencia de espacios- ya han iniciado los traslados de internos hacia las nuevas prisiones federales construidas durante este sexenio. Una adecuada separación de reclusos por fuero resuelve el primer problema de responsabilidades. Sin embargo, las condiciones que han generado el escenario observado exigen otro cúmulo de medidas urgentes que deberán de ser emprendidas en el ámbito local.
La falta de control al interior de los centros penitenciarios –obviando un poco los factores políticos y de corrupción—se origina por las condiciones de hacinamiento carcelario y la insuficiencia de personal de custodia. En seis entidades, la proporción presos-custudios supera el diez a uno y el promedio nacional refiere una proporción de siete a uno. En cuanto al hacinamiento, en doce entidades – encabezadas por el Distrito Federal- por cada diez espacios disponibles, hay más de quince reclusos. Esta combinación de factores implica un grave riesgo para la seguridad pública. Asimismo, a la ecuación se suma la ineficiencia del aparato de procuración de justicia en general. Es decir, si por cada cien delitos cometidos, el sistema logra sólo una sentencia condenatoria, las altas tasas de evasión de internos terminan por comprobar la casi nula capacidad del Estado para sostener una amenaza creíble de sanción. La impunidad que prevalece en el país, una vez que se (des)atan todos los cabos, resulta abrumadora.
Por último, otro reto para el régimen penitenciario es la sistemática violación a los derechos humanos dentro de los penales. Existe muy poca información sobre las condiciones de vida que mantiene la población en reclusión. En algunos penales, como es el caso de Piedras Negras, no se permite la entrada ni siquiera a visitadores de la CNDH. Un argumento frecuente de las autoridades es que no se puede garantizar seguridad a su personal durante el recorrido. No obstante, la escasa información disponible dibuja un escenario poco alentador: la tasa de homicidios al interior de los penales es de 1.75 por cada mil. Lo más grave es que se trata de un riesgo que comparte más de 40% de la población en reclusión que no ha recibido, siquiera, una sentencia que confirme o niegue su culpabilidad. En suma, a pesar de la claridad del diagnóstico, así como los reos entran por una puerta y salen por otra (o la misma), el reclamo hacia los gobernantes, parece entrar por un oído y luego salir por el otro.
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