En las últimas semanas parece haberse generado un respaldo casi unánime a la realización de un periodo extraordinario de sesiones en la Cámara de Diputados. Sin embargo, el principal obstáculo está en la conformación de la agenda que será discutida durante dicho periodo.
Por un lado, el Ejecutivo Federal ha generado presión hacia el Congreso de la Unión para que las iniciativas de reforma que presentó en materia política, laboral y de seguridad sean discutidas y aprobadas por el Pleno. Por el otro, la oposición –principalmente el PRI– está retrasando la convocatoria al periodo extraordinario hasta que las elecciones locales, en especial la del Estado de México, hayan pasado. Con ello, el Ejecutivo Federal busca trasladarle el costo político de la indecisión a la oposición –y de un eventual rechazo a las reformas– mientras que el PRI intenta minimizarlo.
Para que el Ejecutivo consiga su propósito, resulta necesario contar con fuertes articuladores al interior del Congreso. Sin embargo, las aspiraciones presidenciales de la Coordinadora de la bancada del PAN, que hace que se ausente con frecuencia de la Cámara de Diputados, así como el activismo político de los Secretarios de Estado –también aspirantes a la candidatura a la presidencia panista– dificulta en la práctica la negociación de las distintas reformas y debilita la estrategia de presión del Ejecutivo Federal.
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