La propuesta enviada al Senado de la República por el Presidente Calderón para que Marisela Morales asuma la titularidad de la Procuraduría General de la República (PGR) implica una cosa: continuidad.
La carrera de Morales se ha centrado principalmente en las labores operativas, primero como ministerio público en la Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal (PGJDF), y posteriormente con responsabilidades de mando en la PGR. Su figura podría ser clave para el Gobierno mexicano por su relación con Estados Unidos, con quienes ha colaborado estrechamente desde que asumiera la titularidad de la Subprocuraduría de Investigación Especializada en Delincuencia Organizada (SIEDO). Además, los estadounidenses le reconocen su capacidad operativa y disposición a trabajar conjuntamente con sus agencias dedicadas a la contención del crimen organizado.
Si bien su trayectoria como funcionaria pública genera consensos en las cúpulas del PRI y el PAN, el rechazo del PRD anticipa conflicto. El origen de la animadversión está en la participación de Morales en el proceso de desafuero de López Obrador y en el llamado “michoacanazo”. Los números en el Senado favorecen la ratificación de Morales -con los votos de PAN y PRI- pero la posición del PRD en adelante podría ser la de acusarle en todo momento de utilizar políticamente la Procuraduría a favor del PAN. Nuevamente estaríamos ante el escenario de un partido deslegitimando las instituciones.
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