Un profundo proceso de depuración es un mecanismo para que un Estado invadido por la corrupción recupere legitimidad. Haciendo uso de esta lógica la Procuradora Marisela Morales sostiene que la renuncia de 21 de 32 delegados estatales de la Procuraduría General de la República (PGR) es el efecto de una nueva política de limpieza e integridad. Sin embargo, el desempeño previo de esta institución, en casos como los de Hank Rhon y Greg Sánchez, pone sobre la mesa la posibilidad de que sean motivaciones políticas y no un verdadero compromiso de generar un entorno ético lo que motivó la renuncia de dos decenas de funcionarios. Así, mientras todos los esfuerzos se centran en continuar fortaleciendo la Secretaría de Seguridad Pública, la PGR ha cambiado tres veces de titular y hoy funciona sin el 75% de sus delegados estatales encargados del trabajo de prosecución criminal en todo el país.
Las breves declaraciones de la Procuradora al respecto, aunadas a las diversas versiones que circulan en los medios sobre los hechos, invitan a construir dos posibles interpretaciones sobre las renuncias. La primera es que la remoción de los funcionarios públicos pudo responder a un proceso de depuración y que, efectivamente, existían elementos que hacían suponer un comportamiento ilegal por parte de los delegados. Aunque hasta ahora no se sabe cuáles son los delitos que se les imputaron, el hecho de que los delegados no se encuentren sujetos a un proceso judicial penal habla de que aún no existen indicios suficientes para probar su responsabilidad y que para la PGR bastó la presunción de culpabilidad para incitar su renuncia.
La otra interpretación posible es, dada la ausencia de procesos penales por actos de corrupción, que la renuncia de los delegados tuvo algo que ver con su vinculación a grupos ajenos al círculo cercano de la actual Procuradora. Lo cierto es que, más allá de la interpretación que se prefiera, cualquier esfuerzo de depuración que no vaya acompañado de hacer el trabajo de procesar delincuentes, en poco contribuirá al fortalecimiento institucional y a la recuperación de legitimidad.
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