La propuesta del ex-Presidente Bill Clinton de negociar un “Plan México” –y la revelación de que el tema ya se ha discutido en algunos círculos en EU— sentó muy mal entre la clase política nacional. La objeción a la propuesta se basa en la concepción de que el Estado mexicano no debe aceptar la operación abierta de efectivos militares estadounidenses en su territorio, ni siquiera como asesores; y en aceptar a regañadientes que agentes de la DEA y FBI realicen investigaciones en México, aunque restringiéndoles, en teoría, a no portar armas. Se trata de una objeción más nacionalista que de cooperación, y retórica antes que práctica.
Evocar el Plan Colombia, sin embargo, tampoco quiere decir que sea válido y aplicable. De entrada, éste fue concebido y negociado por los colombianos como una herramienta primordialmente contrainsurgente –en la lógica de que las FARC se financiaban con dinero de la venta de drogas– y se fue ajustando con el paso del tiempo. Además, es difícil pensar que el Ejército mexicano acepte la clase de ayuda que los colombianos pidieron en principio.
Por otro lado, las deficiencias encontradas en la Iniciativa Mérida, sumadas a la percepción de que la situación de los derechos humanos en México se está deteriorando, aumentan las resistencias en los estadounidenses, particularmente en su Congreso.
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