Desde el año 2008 la reforma constitucional en materia de justicia penal estableció la creación de los juzgados de ejecución de sanciones penales para garantizar que el debido proceso no se agote con la imposición de la sentencia sino que se extienda hasta la ejecución de la pena. A pesar de ello, las legislaciones locales sobre la materia y la operatividad de estos juzgados presentan al día de hoy graves deficiencias. En este policy brief, Documenta AC aborda la urgencia de promover la correcta actuación de los jueces de ejecución de sanciones penales para garantizar el respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad.
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