Por: Paulina Sánchez (@pausanchez004) y Carlos De la Rosa (@delarosacarlos)
No es casualidad que en la historia no exista una sola dictadura con una prensa libre, independiente y segura. El ejercicio libre y seguro del periodismo es un elemento indispensable para la viabilidad de un Estado democrático –ya sea que se encuentre en transición o consolidación- pues genera información valiosa que nutre el vínculo entre gobernantes y ciudadanos. Idealmente en las democracias modernas la información debería contribuir a la construcción del criterio con el cual los ciudadanos se acercan a las urnas y emiten votos que permiten renovar los cargos de elección popular. Igualmente, mediante la investigación y difusión se generan elementos valiosos para el debate de los temas públicos y la legitimidad de las acciones de gobierno, por lo que se requiere un ejercicio periodístico independiente y serio.
Por lo anterior, el hecho de que México sea uno de los países más peligrosos para los periodistas no es menor. Las muertes de Regina Martínez, Gregorio Jimenez, Rubén Espinosa, entre otros, y el resto de los desaparecidos y víctimas de agresiones, amenazas, hostigamiento e intimidación debe ser motivo de preocupación nacional. Independientemente de que estas conductas hayan tenido como motivo único el ejercicio de la profesión, es imposible negar que la violencia –ejercida por el crimen organizado o las autoridades- intimida al gremio y fomenta la autocensura. De acuerdo con el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ por sus siglas en inglés) 80 periodistas han sido asesinados y 17 desaparecidos durante la última década en México. Lo anterior sitúa al país como el quinto con más asesinatos de periodistas, solo por debajo de Yemen, Sudán, Siria y Francia (en gran parte por el ataque a Charlie Hebdo). De acuerdo con el mismo organismo, el 79% de los periodistas asesinados cubrían temas relacionados con el crimen, el 29% escribía sobre corrupción, el 21% sobre política, el 12% sobre cultura, el 6% sobre derechos humanos y el 3% sobre deportes. Lo peor es que en uno de cada diez asesinatos existe la sospecha fundada de que la orden provino del gobierno.
Como demuestran las cifras anteriores, el Estado mexicano ha fallado de forma contundente en garantizar la integridad del gremio por medio de mecanismos de alerta o prevención y acciones de atención a víctimas. Asimismo, los procesos de investigación y sanción de estos delitos han sido deficientes, tanto a nivel estatal como federal. Lo anterior es especialmente grave porque si no se esclarecen los crímenes por medio de investigaciones científicas y confiables será imposible tener certeza sobre los motivos de los delitos y sobre el grado de participación de las autoridades, pero principalmente porque será imposible romper el ciclo de impunidad que prevalece en el país. De acuerdo con el CPJ, el 90% de los delitos cometidos contra periodistas en México continúan impunes hasta el momento.
La labor periodistica es particularmente relevante en países en los cuales las instituciones gubernamentales actúan de forma opaca de manera permanente. Este es precisamente el caso de las instituciones del sistema de justicia y seguridad en México quienes, ya sea por falta de capacidades técnicas o cuestiones de desconfianza, son incapaces de proveer información oportuna, periódica y sistémica que permita un efectivo ejercicio de evaluación de desempeño y rendición de cuentas. Durante los años 2013 y 2014 en CIDAC realizamos una serie de solicitudes de información por mecanismos de transparencia a Poderes Judiciales, Procuradurías, Defensorías Públicas, Secretarías de Seguridad Pública y órganos implementadores de la reforma penal de todo el país. El objetivo de estas solicitudes era conocer la situación actual de la implementación y operación del nuevo sistema de justicia penal acusatorio. Los resultados durante los dos años evidencian la opacidad crónica con la cual se conducen las autoridades. De las 1,486 solicitudes realizadas en 2013 solo se recibió un 10% de respuestas útiles. Durante 2014 se realizaron 195 solicitudes de información y en promedio se obtuvo entre 25 y 30% de respuestas útiles. En este último ejercicio (como se muestra en la tabla) el 41.2% de las dependencias no dio respuesta alguna.
En un contexto de opacidad institucional como el mexicano, el periodismo libre ha adquirido un rol social fundamental pues funciona como una fuente de información paralela a la información deficiente que usualmente proporciona el gobierno, así como para colocar en la agenda pública temas relevantes que son ignorados por la comunicación oficial. Un ejemplo ilustrativo de lo anterior se encuentra en el hecho de que la publicación de un reportaje en la revista Esquirehaya dado pie a indagaciones, incuido una investigación por parte de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), para confirmar ejecuciones extrajudiciales en Tlatlaya. Asimismo, las fuentes periodisticas cada vez son más importantes para la academia, como lo demuestra el hecho de que estudios relativos al índice de letalidad de los enfrentamientos entre supuestas organizaciones criminales y cuerpos de seguridad del Estado se remitan a fuentes periodísticas en ausencia de información confiable generada por el gobierno.
Si bien es cierto que no todos los medios de comunicación y periodistas son aliados de la veracidad, ello no menoscaba la exigencia que consiste en garantizar a todos los ciudadanos el derecho a la libertad de expresión y prensa. El Estado tiene la obligación de prevenir que cualquier persona sea molestada a causa de sus opiniones y garantizar que pueda investigar y difundir información sin limitaciones por cualquier medio de expresión. En particular, es fundamental que los periodistas y comunicadores tengan garantizados su bienestar e integridad independientemente del ejercicio de su profesión. Al respecto, aún estamos muy lejos del ideal. De acuerdo con el Índice Mundial de Libertad de Prensa, México se encuentra en el lugar 148 de 180 países, por debajo de Venezuela y Afganistán. El panorama a futuro no es prometedor, la situación del periodismo en México se ha ido degradando constantemente desde hace más de diez años (Ver tabla).
La vulnerabilidad y ausencia de justicia debe de preocupar incluso a los que sin ser periodistas hacemos uso de la información como mecanismo de incidencia en el ámbito público, ya sea desde la producción, difusión o consumo de la misma. Una sociedad moderna y con aspiraciones democráticas no puede minimizar las agresiones contra periodistas ni los escasos resultados en las investigaciones y sanciones. Al contrario, se debe reconocer con mayor contundencia la importancia de la prensa libre y crítica para el fortalecimiento de la democracia y la construcción de sociedades más plurales y participativas. Finalmente, sin información es casi imposible ejercer de forma efectiva la ciudadanía e incidir en que las decisiones de gobierno sean las mejores para la sociedad.
* Paulina Sánchez y Carlos de la Rosa son investigadores en @CIDAC.
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