A inicios de este año, la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) anunció, junto con un primer recorte presupuestal de 124.3 mil millones de pesos, la redefinición de la elaboración del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para 2016. El PEF del próximo año se construirá con base en la metodología del Presupuesto Base Cero (PBC), la cual ata la asignación de los recursos a objetivos específicos. Los presupuestos gubernamentales actuales son inerciales, es decir, parten de bases anteriores que tienden a generar espirales inflacionarias. El PBC pretende romper esta inercia y llevar a cabo un análisis exhaustivo de las partidas presupuestales con el fin de fusionar, re-sectorizar o eliminar algunos programas presupuestarios en aras de optimizar los recursos públicos –al día de hoy, de acuerdo con la estructura programática preliminar del PEF, pretenden eliminarse poco más de 200 programas.
El PBC pretendido por la SHCP es motivado por la falta de empuje de la economía mexicana y un escenario económico global desfavorable, el cual incluye un precio internacional del petróleo menor a lo presupuestado en 2014 y la incertidumbre en los mercados financieros y bursátiles por el posible incremento de las tasas de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos en septiembre próximo. A esto se le añade la reciente inestabilidad cambiaria que puede acentuarse y propagarse a una presión inflacionaria en virtud de la tensión que la resolución de la crisis griega genera en los mercados internacionales. A la luz de este contexto internacional y de un modesto desempeño de la economía mexicana, la implementación de un PBC es una decisión prudente por parte del gobierno mexicano. Sin embargo existen claros riesgos que ponen en entredicho los supuestos sobre los que descansa la efectividad del instrumento.
El primer reto para que un PBC sea exitoso es contar con un presupuesto flexible y con pocas ataduras a ejercicios anteriores. Este no es el caso de México, en especial porque el gobierno federal se encuentra en el proceso de implementación de las reformas promovidas por la administración Peña Nieto. Asimismo, es importante señalar que, de acuerdo al Centro de Investigación Económica y Presupuestal (CIEP), sólo 27 por ciento del gasto público (alrededor de 1.26 billones de pesos) sería susceptible de ser modificado como PBC. Otro gran reto será evitar una sobre burocratización para la construcción del presupuesto, ya que un incremento de tal envergadura podría representar un mayor costo versus los potenciales ahorros a obtener. Por otro lado, es también importante mencionar el riesgo político-electoral latente en la construcción de este tipo de presupuesto. Bajo la justificación de identificar complementariedades, similitudes y/o duplicidades entre programas, así como la falta de vinculación de los mismos con el Plan Nacional de Desarrollo 2013-2018, la SHCP podrá realizar fusiones, re-sectorizaciones y eliminación de programas presupuestarios que no se consideren necesarios. Con los criterios hasta ahora anunciados, no queda claro cómo el PBC acotará el carácter discrecional de la SHCP en el contexto de las elecciones del próximo año en las que se disputarán 12 gubernaturas estatales (9 de las cuales están en manos del PRI). Asimismo, se corre el riesgo de incentivar el despilfarro del presupuesto 2015 de algunos programas, ya que si se incurriera en un subejercicio se determinaría una menor asignación presupuestal para el próximo año.
Por último, habrá que considerar los efectos de una posible crisis de mayor envergadura en la zona Euro. Ya sea que Grecia se declare en suspensión de pagos o que decida asumir la serie de medidas de austeridad recomendadas por sus acreedores, los incentivos para que otras economías de la zona (v.gr. Portugal o España) sigan ese camino resultan atractivos. Esto podría desencadenar mayor inestabilidad en los mercados bursátiles internacionales, lo cual incrementaría la presión sobre el tipo de cambio dólar/peso y sobre el objetivo inflacionario del Banco México. Dicho de otro modo, el gobierno mexicano se enfrentará al reto de elaborar un presupuesto bajo una nueva metodología y con supuestos de un entorno financiero internacional muy turbulento.
En conclusión, ante los riesgos inherentes del modelo PBC y un panorama internacional de compleja predictibilidad, una apuesta menos riesgosa para el gobierno federal podría pasar por rediseñar el presupuesto con base en la reestructuración de subsidios energéticos, por ejemplo. Un ejercicio eficiente y transparente del gasto público no necesita de forma indispensable un “nuevo modelo”. La decisión de eliminar la discrecionalidad, corrupción y clientelismo es una fórmula con resultados de mayor alcance.
Semana Política es elaborada por: Ximena López, Mariana Meza, Carlos de la Rosa, Santiago Martínez, Rafael Vega. Editor: Luis Serra.
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