La culpabilidad de Greg Sánchez ha sido determinada en la plaza pública antes que por un juez. Tal es la fuerza de una acusación sustentada en aparentemente poco: denuncias anónimas y revelaciones de testigos protegidos, además de un reporte de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda –consistentemente señalada en semanas recientes como incapaz de combatir el lavado de dinero en el país.
Más allá de las escasas posibilidades de que Sánchez triunfara en la elección al Gobierno de Quintana Roo, la aparente debilidad de la acusación, aunada al historial reciente de la Procuraduría General de la República –particularmente en la detención de funcionarios michoacanos a los que tuvo que liberar después de un largo arraigo– da lugar a la teoría de linchamiento político que defiende el PRD.
Si como establece la Constitución reformada hace apenas dos años, se debe presumir que un acusado es inocente hasta demostrar lo contrario, tanto el linchamiento público de Sánchez como la privación de sus derechos políticos –aunque sea temporalmente– representan la faceta de un sistema penal cuya opacidad lleva a la sospecha de que se está utilizando con fines políticos, aún y cuando no haya evidencias sólidas para ello.
El problema de fondo, más allá de la culpabilidad o no que habrá de determinar un juez, es la sombra que el hecho arroja sobre el sistema de justicia de México y la paranoia que subyace a este tipo de casos. La obligación de actuar ante el peso de la evidencia –que nadie ha visto– sugerida por la Procuraduría y la presteza de los analistas a invocar el temor de la infiltración del narcotráfico en la vida política del país, ha borrado el debate sobre las garantías que deben privar en todo proceso legal.
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