La denuncia que PRI y PRD hacen de uso político de programas sociales al Gobierno Federal no es más que parte del manual de campaña en elecciones locales. Si bien los programas sociales son diseñados para atender la demanda de servicios básicos de una población, un objetivo adicional está en la posibilidad de convertir a los beneficiarios en clientela para apoyar a la instancia que instrumenta el programa. Sin embargo, la transformación de beneficiario a clientela política no es automática y requiere de una intensa gestión administrativa, así como de una estrategia de comunicación que permita identificar el programa en cuestión con la cabeza política. Gestión que en mayor medida es llevada a cabo por los gobiernos estatales (en coordinación con el Gobierno Federal) lo que debilita –junto con los últimos resultados electorales– la tesis de que se haya utilizado de manera exitosa los beneficios políticos de los programas a favor del PAN.
Durante el sexenio de Ernesto Zedillo, con los convenios de descentralización del gasto, los estados comenzaron a ejercer mayores recursos de procedencia federal como parte del financiamiento de la operación local de programas sociales. Esto generó un debilitamiento de la base social del Gobierno Federal a favor del fortalecimiento de las estructuras políticas locales, con lo que los gobernadores comenzaron a ser identificados como proveedores de dichos programas.
Actualmente, el 28% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación es ejercido por los estados, lo que fortalece no sólo sus finanzas, sino su capacidad de maniobra para reorientar los programas federales hacia la construcción de una clientela afín a sus intereses. Además, al cada vez ser más partícipes de la operación de programas sociales, su capacidad de gestión se incrementa, situación que es registrada por los beneficiarios.
Si bien el Gobierno Federal cuenta con delegados de las dependencias federales vinculadas al programa en cada estado, su nombramiento pasa por el aval del Gobernador en cuestión, por lo que en muchos casos están más alineados con él que con el Gobierno Federal. Por lo tanto, al estar más alejado de la operación cotidiana de los programas y por ende, de las necesidades reales de las personas y de los beneficiarios mismos, el Gobierno Federal ve diluida su autoría, así como también mermada la posibilidad de capitalizarla políticamente.
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