La propuesta del Ejecutivo para reformar la Ley Federal de Competencia Económica busca fortalecer las facultades de investigación y sanción de la Comisión Federal de Competencia (CFC), aumentando las multas e incluyendo sanciones penales. También, pretende hacer más eficiente el procedimiento judicial a través de la creación de Tribunales especializados. Incluye además, elementos que obligarían a la Comisión a transparentar su proceso de toma de decisiones. Algo de lo que no se ha hablado es sobre los retos de implementación que presenta la propuesta. Se requieren amplios recursos –para la CFC y para el Poder Judicial– y es necesaria la coordinación con otras instancias, donde podrían existir algunas resistencias.
Las reacciones de los posibles afectados, si bien no han sido tan virulentas, no se han hecho esperar. Entre las preocupaciones manifestadas por el sector empresarial, resalta la percepción de que la Comisión actúa como juez y parte en los casos de competencia, lo que a su juicio le resta legitimidad al proceso. Adicionalmente, se dicen preocupados porque perciben un espíritu sancionador en la propuesta del Ejecutivo.
En el ámbito legislativo, por un lado, existen incentivos para que todos los partidos logren un acuerdo, dada la rentabilidad electoral y social que este tema genera. Por otro lado, contradictoriamente, el interés manifestado por todos complica el proceso para dictaminar la reforma en fast track, especialmente si se presentan más iniciativas en las próximas semanas.
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