Este lunes la nueva Procuraduría Social de Atención a Víctimas del Delito (Províctima) inició operaciones. Sin embargo, las funciones específicas que realizará esta procuraduría no han sido debidamente informadas a la ciudadanía y, aunque la racionalidad del programa es brindar atención integral a las víctimas, aún no hay claridad respecto a qué casos son susceptibles de recibir esta atención. En todo caso, todas la víctimas de un delito -sea robo, secuestro, homicidio o desaparición forzada- cuentan con el derecho constitucional de ser atendidas, no por una procuraduría, sino por todas.
Esta reconfiguración fue producto de la presión ejercida sobre el Ejecutivo Federal por el movimiento que encabeza Javier Sicilia. Sin embargo, resulta revelador que a pesar del apoyo de una porción de la sociedad civil a la creación de Províctima, las debilidades de ésta ya han sido resaltadas, entre otros, por Emilio Álvarez Icaza -claramente vinculado a Sicilia. Además de la fragilidad con que ha nacido esta nueva institución -creada por medio de un decreto puede ser desaparecida a través del mismo recurso sin más trámite- la premura de su expedición evidencia problemas operativos tan fundamentales como que sólo previó una oficina para atender a todas la víctimas, de todos los delitos, en todo el país.
El descuido también fue evidente en el discurso que ofreció el Presidente Calderón al respecto al admitir que no se sabe cuántos casos de desapariciones hay, pero se entiende que son muchos. Con todo esto pareciera que la nueva institución constituye un nuevo parche a un sistema de justicia que, desde las entrañas, no funciona. Ante esta condición es de esperarse que, más allá del momento, los resultados de esta acción no tengan mayor impacto, ni en el ámbito institucional ni para calmar el ánimo de ciertos grupos de la sociedad que, incluso, han presentado ya ante la Corte Penal Internacional una solicitud formal para que se inicie una investigación sobre la situación prevaleciente en México.
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