Todo parece estar listo para que, antes de terminar sus actividades de 2013, los legisladores concreten la reforma energética –al menos las modificaciones constitucionales propuestas por el Ejecutivo en agosto pasado. Las expectativas generadas de cara a su eventual aprobación han sido enormes, casi a nivel de estar esperando una bacanal de crecimiento y prosperidad. Sin embargo, hay primordialmente tres tipos de riesgos que podrían deparar en una cruda de desencanto y denostación tanto de la reforma, como de quien la postuló. Por ello, es pertinente considerar ciertas previsiones a fin de evitar resacas de desencanto.
El primer tipo de riesgos son los de índole política. Curiosamente, éstos podrían ser los de menor peligrosidad dada su predictibilidad y debilidad relativa. Por un lado, como era de esperarse, Andrés Manuel López Obrador ha dicho que no permitirá la aprobación de la reforma. No obstante, al mismo tiempo, no parece estar muy interesado en sumar fuerzas para ello (como ejemplo basta recordar su ausencia en los distintos mítines perredistas sobre el tema, encabezados por el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas). La principal preocupación del tabasqueño hoy es, sin duda, seguir trabajando en pos del registro de MORENA. Si “la defensa del petróleo” le es útil para tal fin, así la aprovechará (siempre y cuando él siga siendo el protagonista), aunque su capacidad disruptiva parece mínima o, cuando menos, manejable. Por el lado del PRD, la consulta ciudadana en materia energética que pretende sacar adelante –sin AMLO—, tampoco parece constituir un factor amenazante, pero de aprobarse la legislación secundaria en la materia esto podría cambiar. A pesar de que el artículo 35 de la Constitución pudiera ser utilizado por la izquierda como último recurso para echar atrás la reforma energética, los candados institucionales para hacer vinculante la medida son demasiado fuertes y, en última instancia, dependen de la interpretación de la Suprema Corte de Justicia de la Nación –sin mencionar que la consulta aún carece de reglamentación. En resumen, “la izquierda desunida, siempre será vencida”.
Otro riesgo político es que, si se llegan a materializar los cambios a los artículos 27 y 28 de la Constitución, aún no habrá pasado el proceso más complejo de la reforma, es decir, las discusiones sobre la legislación secundaria. La experiencia con el tema educativo indica cómo esta parte del tránsito de las reformas puede resultar bastante tortuoso.
En este sentido, las posibles amenazas políticas contra la reforma energética –marchas, plantones y flamígeros discursos en la calle y en el Congreso—podrían palidecer ante el segundo tipo de riesgos: aquellos vinculados con su implementación técnica. Si se aprueba una reforma en materia constitucional que no garantice un marco regulatorio adecuado, esto de facto obstaculizará sus bondades, medidas en flujos de inversión y generación de empleos. Por un lado, si no se fortalece a los reguladores del sector energético, será muy complicado generar un ámbito competitivo que fomente la inversión de más empresas con incentivos a la innovación; por el otro, si no se establecen mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, no se podrán canalizar las ganancias de la explotación de los recursos energéticos –en específico la renta petrolera– hacia la sociedad. Para rematar, todo indica que no hay plena conciencia dentro del Ejecutivo sobre la complejidad del mercado internacional, el cual se ha convertido en un “mercado de compradores”. Es decir, si la reforma no es suficientemente competitiva, su potencial de atraer inversiones será mínimo.
Por último, la tercera clase de riesgo de la reforma energética se refiere a las expectativas que genere, es decir, que se sobrevalore. Se han prometido cantidades abundantes de flujos de inversión privada y generación de empleos, aunque en un horizonte temporal poco realista. Se podrá tener la reforma energética pero, ¿cómo hacer que los mexicanos se beneficien de más empleos bien remunerados en el sector petrolero si ni siquiera se cuenta con recursos humanos suficientes, dado lo especializado del rubro? Además, ¿qué tanta responsabilidad del desarrollo económico del país se le puede asignar a una reforma que no modifica la estructura organizacional de dos entes públicos ineficientes como PEMEX y la Comisión Federal de Electricidad?
En suma, la reforma energética podría generar beneficios de corto plazo a nivel macroeconómico, es decir, mejorará el riesgo-país, la calificación de la deuda soberana y, muy importante, habrá roto con uno de los paradigmas del caduco nacionalismo revolucionario. Pero si el marco regulatorio y las estructuras competitivas del sector no son privilegiadas, el prometido frenesí de inversiones acabará como mera “llamarada de petate”. Dada la enorme inversión política que el gobierno ha colocado en esta reforma, el costo de una mala reforma sería ingente.
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