El 10 de diciembre de 2012, el presidente Peña envió a la Cámara de Diputados un conjunto de modificaciones constitucionales a las que se les ha dado en denominar “la reforma educativa”, parte de las trece decisiones que anunció el día de su toma de posesión. En diversos medios, las expectativas de esta iniciativa se han lanzado a lo más alto y se suele afirmar que, finalmente, ha aparecido la gran reforma que México estaba esperando para mejorar el sistema educativo nacional y eliminar sus principales vicios. También se dice que ello significa la decadencia de Elba Esther Gordillo y su liderazgo sobre el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE), debido a que supuestamente han sido atacados sus principales cotos de poder, aunado a la designación como secretario de Educación Pública de un personaje con quien “la maestra” tuvo diferencias en el pasado: Emilio Chuayffet Chemor. Sin embargo, ¿en qué consiste la “reforma”? Y, sobre todo, ¿en verdad estamos frente a un punto de inflexión en la política educativa mexicana?
La propuesta del presidente estipularía constitucionalmente la figura de concursos de oposición para ingresar al servicio docente y para recibir promociones posteriores dentro del mismo (fracción III del artículo 3). Por otra parte, se especifica que será en la ley reglamentaria donde se fijen los términos sobre cómo se darán esos procesos, además de cómo se obtendría el aval a la permanencia en la plaza de maestro. Esto último es de suma importancia, ya que sería el punto de mayor sensibilidad a la hora de una negociación con el SNTE y su lideresa. No obstante, por el momento, las modificaciones al texto constitucional no lesionarían el estatus de poder actual de Gordillo en su gremio. A continuación, se adicionaría una fracción IX al tercero constitucional donde se convertiría al Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación (INEE) en un organismo público autónomo, cuyo órgano rector sería una Junta de Gobierno con cinco miembros designados por el Ejecutivo y ratificados por el Senado (algo similar al IFAI).
Sin embargo, los puntos más relevantes de la iniciativa podrían estar en los artículos transitorios, en especial en el Quinto, en el cual se observan al menos tres puntos interesantes: primero, se instruye al Instituto Nacional de Estadística y Geografía a realizar, durante 2013, un censo de escuelas, maestros y alumnos en todo el país; segundo, se daría mayor autonomía de gestión a las escuelas en materia de infraestructura y operaciones; tercero, “establecer en forma paulatina y conforme a la suficiencia presupuestal” un esquema de escuelas de tiempo completo. El censo propuesto arrojaría información que, inauditamente, la autoridad parece no tener. Con la autonomía de gestión, habría que tener cuidado en los detalles, en particular en la manera en la cual se auditaría el uso de los recursos (aunque el texto contempla la participación de alumnos, profesores y padres de familia en el proceso). Por último, a pesar de que las escuelas de tiempo completo acarrearían diversos beneficios tanto a estudiantes como a padres de familia (posibilidad de realizar actividades complementarias dentro de los planteles, alejarse de tentaciones en la calle, reducir presiones a padres y madres trabajadoras sobre el cuidado de sus hijos, etc.), la escasez de instalaciones adecuadas y las exigencias magisteriales por salarios ajustados por una mayor carga de trabajo, han sido obstáculos que bien han conocido y padecido anteriores autoridades educativas.
En suma, ¿se vislumbra con la reforma un desmantelamiento de las prerrogativas sindicales del magisterio? En términos precisos, no; en todo caso, ello sería producto de decisiones del gobierno federal previo. Cuando el entonces presidente Calderón eliminó la posibilidad de heredar plazas de maestros, generó un fenómeno de consecuencias fundamentales. La transición generacional será el principal motor para que el magisterio comience un proceso real de regeneración el cual, por supuesto, será apuntalado por las reformas propuestas por el presidente Peña. Ciertamente otros detalles, como se explicó en líneas anteriores, aún estarán sujetos a negociación en el futuro. Sin embargo, lo que resultaba más “peligroso” para la influencia del SNTE y la profesora Gordillo, ya habría sido sorteado. La realidad es que inercias tan poderosas no pueden ser borradas tan sólo “de un plumazo”.
En una palabra, la reforma propuesta plasma en ley la llamada Alianza por la Educación que negoció el gobierno anterior. Este hecho -el que haya sido producto de una negociación gobierno-sindicato- implica que los intereses sindicales quedan salvaguardados. Además, es inconcebible una reforma a la educación sin el magisterio, es decir, sin el sindicato. El hecho significativo es que, al plasmarse en ley, el sindicato queda imposibilitado o, al menos, muy restringido, para bloquear la reforma o pretender que desaparezca a su antojo.
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