Las decisiones que el Tribunal Electoral tomó en sentido contrario para los casos de Martín Orozco –candidato del PAN a la gubernatura de Aguascalientes– y Gregorio Sánchez –candidato por el PRD a Quintana Roo– han suscitado sospecha. Para Orozco, inhabilitado por 14 años para participar en procesos políticos por acusaciones de malversación de fondos, el Tribunal optó por exonerar al candidato permitiéndole continuar con su participación electoral. En el caso de Sánchez el Tribunal lo inhabilitó como candidato argumentando que por cometer un delito grave se encuentra privado de la libertad. La diferencia, según el Tribunal, radica en que a Sánchez se le dictó un auto de formal prisión.
La suspicacia se genera por dos razones. La primera tiene que ver con que en el caso de Orozco el Tribunal decide privilegiar el principio de presunción de inocencia, mientras que en el de Sánchez no. La segunda razón se refiere a la sospecha de que, con su decisión, el Tribunal se anticipa a eventuales impugnaciones del PRD respecto a la equidad de la contienda.
Ante este escenario el PRD de Jesús Ortega ha optado por sustituir a Sánchez con un candidato testimonial –que no hará campaña. Más allá de que el PRD, de cualquier forma, buscará elementos para una eventual impugnación de la elección, su estrategia consiste en: concentrar sus esfuerzos en obtener triunfos significativos en municipios y distritos de Quintana Roo; no dar pie a la radicalización del partido y a la reactivación de AMLO y sus cercanos; y principalmente, no afectar los procesos electorales en los estados donde sus alianzas con el PAN aún podrían prosperar.
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