El ruido de esta semana sobre la aprobación de reformas a la Ley de Radio y Televisión pone de manifiesto el dilema que enfrentan las autoridades del sector: hacer cumplir las reglas existentes, aunque sean deficientes, o continuar con el constante jaloneo para que éstas reflejen los intereses de los principales actores del sector y de quienes quieren congraciarse con ellos.
En esta ocasión, senadores del PRI y PRD proponían, en primera instancia, que en lugar de someter a licitación pública las concesiones de radio –como lo determinó la Suprema Corte en 2007– éstas pudieran ser refrendadas automáticamente a través de un proceso administrativo, limitando potencialmente la competencia en el sector. En segundo lugar, la propuesta, por iniciativa del PRD, incluía la regularización de las radios comunitarias y la posibilidad de que éstas pudieran comercializar 5% de su tiempo aire.
Los industriales de la radio y televisión, a pesar de haber empujado inicialmente esta iniciativa, decidieron a última hora oponerse, haciendo que más de un actor político retirara también su apoyo. Si bien en primer lugar se manifestaron en contra de las cláusulas que beneficiaban a las radios comunitarias –argumentando que afectaría sus ingresos publicitarios en mercados específicos donde su penetración es menor– los industriales tampoco vieron en esta iniciativa una solución a la incertidumbre jurídica que enfrentan, sólo un aplazamiento del problema y un favor a medias.
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