Los políticos parecen empeñados en ignorar al votante. Acostumbrados como están a vivir y actuar a expensas de él desde hace décadas, muchos políticos desarrollan estrategias de acceso al poder que reflejan un profundo desdén por el elector, pero sobre todo una concepción de la política que no se ajusta a la nueva realidad electoral que, quiérase o no, llegó para quedarse. Que el poder se alcance a través de las urnas es un fenómeno reciente en el país, lo que quizá explique la distancia que todavía prevalece entre las estrategias que diseñan los políticos y las preferencias del elector. Este tema es particularmente importante de cara a las elecciones de 2003 que, todo parece indicar, tendrán un carácter plebiscitario para el gobierno, en tanto que para la oposición serán motivo para conformar un bloque que busque desbancar definitivamente al gobierno del presidente Fox. Ignorar las preferencias de los electores puede acabar siendo muy costoso para los políticos y sus partidos.
Uno de los mitos de la política mexicana actual es suponer que un partido puede ganar la mayoría y controlar al país. Para unos, sobre todo los priístas, esa idea, un tanto restauracionista, ignora la aguda fragmentación que caracteriza al electorado nacional. Para otros, sobre todo los miembros del PRD, las preferencias que manifiestan los votantes no son tan importantes, pues creen que tarde o temprano, como por arte de magia, los electores reconocerán que sólo ese partido constituye una “verdadera” alternativa política. Para el gobierno y el PAN, por otra parte, los votantes son clave —a final de cuentas, ningún partido había invertido tanto a lo largo de su historia para atraer simpatizantes—, pero ahora, desde la perspectiva del poder, son igualmente propensos a ser manipulados. El tema de fondo es que muchos de los involucrados siguen concibiendo a la política mexicana como una de mayorías absolutas, la política de todo y nada, cuando la realidad cotidiana muestra justo lo contrario: la ausencia de mayorías absolutas, la fragmentación del poder y la necesidad de negociación entre intereses y partidos con frecuencia disímbolos.
A la luz de estos contrastes, cabe preguntarse si los políticos van a la cabeza de este proceso, dan forma al futuro y ejercen un liderazgo constructivo, o si, más bien, están a la zaga del vértigo que caracteriza a la dinámica del cambio en la escena nacional. No se trata de una pregunta ociosa, pues la evidencia, aunque no contundente, sugiere que los electores son cada vez más independientes, menos atados a un partido específico y, sobre todo, crecientemente dispuestos a modificar el mapa político nacional a través del único, y muy modesto, instrumento a su alcance: el voto. Fue así como, en 1997, el PRI perdió por primera vez la mayoría absoluta en el congreso. A partir de este momento, los ciudadanos comenzaron a experimentar con nuevas formas de organización política. Ya para el año 2000, los votantes no sólo favorecieron a un partido distinto al PRI para la presidencia, sino que diferenciaron su sufragio al momento de elegir a los representantes al congreso; de haber votado el mismo número de personas por el hoy presidente Fox y los candidatos de la Alianza por el Cambio (PAN y PVEM), esta coalición habría logrado una mayoría absoluta en el poder legislativo. Sin embargo, se induce que, con su voto, los electores quisieron evitar la repetición del viejo esquema priísta. En este sentido, es evidente que los votantes han sido sumamente cuidadosos con su voto, conscientes de que a través de él pueden hacer una gran diferencia. A la luz de lo anterior, parece absurda la pretensión de los partidos de ganar el favor de los votantes con estrategias que ignoran sus preferencias y prioridades, así como sus miedos y preocupaciones.
Si uno observa los debates públicos y analiza cómo interactúan los distintos actores políticos, sobre todo los miembros del congreso y el ejecutivo, todo sugiere que ellos se ven a sí mismos como protagonistas de un proceso en el que se están tomando (o impidiendo) grandes decisiones. En temas como el eléctrico, por citar el más evidente, las disputas son muy claras: unos proponen cambios ambiciosos que, estiman, podrían darle nueva vida a una industria medular para el desarrollo del conjunto de la actividad económica en el país, en tanto que otros, con el mismo propósito, se pronuncian por mantener el statu quo a ultranza. Lo esencial no es quiénes tienen razón, sino que ambas partes se ven a sí mismas como dueñas del destino del país. En cierto sentido, es obvio que, efectivamente, en sus manos se encuentra nuestro futuro, pues tienen el poder y la legitimidad para tomar esas decisiones. Sin embargo, desde otro ángulo, no es inconcebible que ambas partes se encuentren igualmente alejadas de las preferencias de los electores.
Aunque es imposible determinar qué piensa la mayoría de los ciudadanos sobre cada tema que es motivo de disputa en la agenda legislativa, no es difícil imaginar que les preocupa menos el proceso de toma de decisiones que los resultados. A los ciudadanos presumiblemente les inquieta la sensación de parálisis económica, la ausencia de oportunidades, la complejidad que acompaña a cualquier trámite gubernamental, todos ellos factores con los que tienen que lidiar a diario y constituyen su principal punto de contacto con el gobierno. Si la energía eléctrica se financia bajo un esquema obtuso como el de la autogeneración o con los llamados pidiregas, o si fuese mejor hacerlo de manera directa, abierta y sin eufemismos, son detalles sobre los que la mayoría de los electores tiene poco o nada que decir. Eso no obsta para que los políticos se rasguen las vestiduras y pretendan que en ese tema se juega el futuro de la economía o la soberanía de la nación en pleno.
El comportamiento de los votantes a lo largo de los últimos años difícilmente se explica por las acciones de los políticos. Por supuesto que las campañas y el devenir cotidiano impactan sus decisiones, pero todo indica que el votante mexicano hace años decidió cambiar la realidad política nacional por medio de su voto. Los políticos, sin embargo, observan cada elección como si se tratara de un referéndum de la totalidad del acontecer nacional. Cada justa electoral, así sea la de una alcaldía menor, es analizada en función de la estrategia electoral a nivel nacional. Independientemente de las circunstancias locales específicas, los partidos, sobre todo el PRI, tienden a ver grandes señales para el país en su conjunto con cada resultado electoral; en algunas ocasiones llegan al extremo, como fue en Tabasco, de intentar extorsionar al gobierno federal en torno al resultado de alguna elección. El león cree que todos son de su condición. El punto es que no hay elemento objetivo alguno que permita asegurar que los resultados electorales a nivel local, o incluso los arrojados en varios estados, constituyan una tendencia que inexorablemente va a repetirse y confirmarse a escala federal. Es obvio, los electores han tenido habilidad y disposición para modificar sus preferencias en diversos momentos (e, incluso, en una misma elección), lo que hace virtualmente imposible predecir en este momento lo que ocurrirá en 2003.
Es a la luz de estas circunstancias que deben visualizarse las dos estrategias que se perfilan para ser desplegadas por los partidos políticos dentro de un año. Por el lado de la oposición, hay muchos políticos que propugnan por una estrategia de bloque, de oposición unificada contra el PAN y el presidente. Su argumento parte del supuesto que combina la idea de una población curada de espanto, un presidente poco efectivo y, a la luz de lo anterior, un reconocimiento a los partidos con experiencia en momentos en que el gobierno actual muestra niveles bajos de popularidad. Al margen de las opiniones que a cada persona le generen estos supuestos, es evidente que los estrategas de la oposición no están considerando la posibilidad de que muchos electores coincidan con las premisas que animan a esta estrategia y, sin embargo, arriben a una conclusión radicalmente distinta. Por décadas, el PRI vendió la noción de que era el único partido capaz de gobernar a México. A pesar de ello, los electores optaron por fuerzas políticas distintas en 1997 y 2000, lo que dibuja una capacidad de decisión por encima de la lógica de los ahora opositores. Algo semejante podría ocurrir en 2003.
Pero también por el lado del PAN y del gobierno se cuecen habas. Ahí también viene creciendo la idea de convertir a las elecciones intermedias en un referéndum de las acciones gubernamentales o, quizá más lógicamente, de la idea de cambio que animó la exitosa campaña del entonces candidato presidencial Vicente Fox. Esta parte asume que los electores reconocen dos premisas básicas: uno, que el gobierno actual ha avanzado poco por culpa de la oposición en el congreso, lo cual los conduciría a votar por el PAN para darle una mayoría absoluta en la cámara baja; y dos, que los electores siguen prefiriendo un cambio que el regreso a los políticos de antaño, con todo y los avatares de la administración actual.
Ahora, con el proceso electoral de 2003 en puerta, cabe interrogarse cuál de las dos dinámicas tiene posibilidad de triunfar el año próximo: la de los políticos que creen que pueden obligar a los votantes a ajustarse a sus premisas, o la de los votantes “rebeldes” que cambiaron el panorama político primero en 1997 y luego en 2000. Si la experiencia de los últimos años es indicativa de algo, todo sugiere que ambas nociones son improbables.
La población, previsiblemente, no se pronunciará en forma avasalladora por el presidente, pero mucho menos apoyará la noción de un bloque opositor. La historia reciente sugiere que sería mucho más factible que los ciudadanos le den al presidente el beneficio de la duda sin que su apoyo sea abrumador. En este sentido, al margen de los mejores planes y estrategias de los políticos, irónicamente, mucho dependerá de qué tanto cooperarán o se pelearán en los próximos meses. La moneda está en el aire, pero no así los riesgos, enormes tanto para los partidos como para el país.
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