La construcción de la nueva refinería deja ver la incapacidad de ejecución de la administración federal. Después de foros, estudios y hasta campañas de los estados aspirantes, el Gobierno Federal optó por una decisión a medias que hoy lo coloca en un panorama por demás complejo. En primer lugar, enfrenta el problema de los recursos. En un contexto agravado por una crisis que limita el presupuesto, aun no se ha ejercido parte alguna de los 10 mil millones de dólares que se estima vale la refinería. En segundo lugar, encara un dilema político. Son altos los costos de no otorgarle la refinería al estado priísta (Hidalgo), pero en medio de los conflictos al interior del PAN también lo son de no otorgarla a Guanajuato, sobre todo después del incumplimiento del plazo de 100 días. Por último, abrió de nuevo el frente de los atrasos en el registro de la propiedad de la tierra. De haber tomado una decisión en su papel de autoridad hace un año, no estaría en medio de tantos frentes abiertos.
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