En los próximos días podría resolverse en la Suprema Corte el amparo promovido por un grupo de ciudadanos en contra de la Reforma Electoral de 2007. Los dos aspectos que se consideran en el amparo son: la violación al procedimiento de ratificación de la modificación constitucional en los congresos estatales y; la violación a las garantías de libre expresión de los ciudadanos al impedir a particulares la contratación de propaganda en radio y televisión para influir en temas electorales.
Si bien hay varios escenarios de acuerdo al fallo de la Corte, el más extremo sería una decisión de la Corte que reconociera la violación al procedimiento de ratificación, lo que echaría abajo toda la legislación electoral de 2007 y abriría la puerta nuevamente a legislar sobre el tema. También está la posibilidad de que se conceda el amparo por violación a la libertad de expresión, lo que abriría la puerta a que particulares contrataran espacios en radio y televisión.
Estos escenarios, si bien vislumbran una posibilidad de reforma, de no tener la obligación de hacerlo, difícilmente ocurrirían en el Congreso. El PRI tendría pocos incentivos para modificar condiciones que, desde el Código Federal de Procedimientos Electorales (COFIPE), le favorecen. Además, la legislación electoral no podría modificarse a menos de un año de darse las elecciones de julio de 2012.
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