Iniciando el año, en Los Pinos parecían creer que tenían una gran ventana de oportunidad para promover la reforma energética. Pero carecieron de una estrategia capaz de responder a las presiones de AMLO y al doble juego de sus aliados priístas. No fue hasta finales de marzo cuando el gobierno federal presentó el diagnóstico sobre la situación de PEMEX y hasta principios de abril cuando se envió la propuesta de reforma al Congreso. Todo esto bajo la presión constante de un López Obrador que se fortalecía con el silencio del gobierno, y de un PRI que amenazaba con retirar su apoyo de no presentarse una iniciativa rápidamente. La propuesta del Presidente llegó en tándem con el minimalismo calderonista que se ha observado en las reformas promovidas por su gobierno. Luego de un atareado cierre de sesiones legislativas, con la toma de la tribuna por parte del FAP a finales de abril y movilizaciones en varios puntos del país, se forzó un periodo de espera mientras se realizaban los foros de discusión en el Senado. Hacia finales de octubre las dos Cámaras aprobaron una reforma que reunía las características de la propuesta del PRI, y que desaprovechó la oportunidad para resolver los profundos problemas de subinversión e ineficiencia del sector energético. A lo largo de las negociaciones se desvirtuó el objetivo principal de aumentar la producción para impulsar la industria y provocar derramas en toda la economia. En la teoría del gobierno (no compartida por todos los analistas) la reforma aprobada dio a PEMEX mayor capacidad operativa y la posibilidad de suscribir un nuevo tipo de contratos incentivados para explorar y producir petróleo con ayuda de particulares. Falta ver si es posible aprovechar esos cambios en la práctica para incrementar la producción y mejorar el desempeño.
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