Consciente de que su capacidad de negociación en el Congreso se ha reducido, el Ejecutivo Federal optó por presentar la iniciativa de reforma laboral a través del grupo parlamentario del PAN en la Cámara de Diputados. Este hecho es indicativo del debilitamiento en la interlocución entre poderes derivado de los recientes conflictos que han involucrado a partidos políticos y a la secretaría de Gobernación, lo que de entrada, no augura una eventual aprobación de esta reforma.
Un segundo handicap en contra es que previo a la presentación de la iniciativa no hubo un proceso de negociación y cabildeo con los distintos grupos de interés, con el objetivo de que la versión presentada incluyera al menos una serie de propuestas mínimamente acordadas. Esto le abre la posibilidad a los detractores de la reforma (sector obrero y partidos de oposición) a aislar la iniciativa del proceso de discusión argumentando que ésta no considera su visión para solucionar el problema y afecta los derechos de los trabajadores.
Un tercer handicap en contra es el tiempo. El actual periodo de sesiones presenta pocas oportunidades para llegar a acuerdos en el tema. Adicionalmente, las elecciones a llevarse a cabo este año en los estados no contribuyen a construir un clima de colaboración en el Congreso.
Ante un entorno tan adverso para la aprobación de una reforma laboral, el Ejecutivo Federal y el PAN saben que podrían quedarse al final de cuentas sin la reforma esperada. Sin embargo, podrían hacer uso de la negativa de sus detractores, particularmente del PRI, para denostar su falta de compromiso y de paso obtener cierto impulso en los proceso electorales de este año.
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