El presidente Calderón presentó finalmente su ambiciosa propuesta de reforma del Estado. Es un proyecto detallado que toca, de una forma u otra, todo el sistema político mexicano. Sin embargo, el futuro de la reforma es incierto en tanto que los más afectados serían, precisamente, los partidos políticos que habrían de aprobarla.
La reelección de diputados y presidentes municipales así como aumentar la votación mínima para que los partidos conserven el registro, son golpes potencialmente mortales al sistema de partidos, tal y como hoy existe. La experiencia internacional muestra que los diputados y presidentes municipales que pueden reelegirse terminan por desarrollar un poder independiente de los líderes de sus partidos –podría suponerse incluso que también de los gobernadores que hoy controlan los comités directivos estatales. Por otra parte, un umbral más alto para mantener el registro consolidaría un tripartidismo básico porque, con la posible excepción del PVEM, ninguno de los partidos pequeños puede sobrevivir por sí mismo – aunque el PRD continúa inclinándose a darles vida artificial vía alianzas. A esto debe sumarse el hecho de que las nuevas facultades del Presidente –como la iniciativa preferente– representarían para los legisladores un paso atrás cuando apenas están comenzando a descubrir la extensión de su poder.
Esto no quiere decir que la iniciativa esté destinada al fracaso, pero sí que el diablo estará en los detalles. Es posible que el Congreso apruebe alguna versión descafeinada de la iniciativa, más considerando que no está claro que incentivos tendrán los líderes nacionales del PRI y PRD –por no mencionar a los partidos pequeños– y los gobernadores para aprobar una reforma que pondría fin a su poder. Nuevamente se tratará de lo posible y no de lo deseable.
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