Dentro del periodo extraordinario de sesiones en el Congreso, se aprobaron las leyes reglamentarias de la reforma en materia político-electoral publicada en el Diario Oficial el 10 febrero. Entre otras modificaciones se establecieron nuevas reglas para realizar consultas populares, consolidar candidaturas independientes, presentar iniciativas ciudadanas y reconfigurar los calendarios electorales. Como lo marca el procedimiento legislativo, los gobiernos locales deberán realizar los cambios constitucionales pertinentes para ceñir su legislación a estos nuevos ordenamientos. Este proceso pone de manifiesto la debilidad legislativa del Distrito Federal, pues la armonización de la reforma político-electoral se dará solo hasta que, a solicitud de los asambleístas y avalado por el Jefe de Gobierno, la Cámara de Diputados haga las modificaciones correspondientes al Estatuto de Gobierno del Distrito Federal. Ante esta doble ventanilla para legislar localmente, ¿es urgente entonces, avanzar en la reforma política del D.F.?
Desde los años noventa, el Distrito Federal ha experimentado cambios en su régimen político. Sin embargo, estos han estado únicamente encaminados a la elección de gobernantes y legisladores. En los últimos años, diputados del Partido Acción Nacional y más recientemente el Partido de la Revolución Democrática han presentado iniciativas de reforma política para el D.F. En esta última se propuso la modificación de 54 artículos de la Constitución para mantener la función de capital de la República y sede de los poderes federales así como para modificar la naturaleza jurídica para tener facultades constitucionales como las del resto de las entidades del país.
La iniciativa del PRD es sin duda profunda; pero transformar al D.F. debe hacerse de manera responsable y teniendo objetivos establecidos. El PRD ha gobernado el Distrito Federal por casi 20 años y gobierna 14 de las 16 delegaciones. Además tiene mayoría absoluta en la Asamblea Legislativa (34 diputados). Un escenario así ante una eventual reforma política que dé autonomía a la entidad tiene más tintes de control social y político que de fomento al desarrollo local. Por su parte, pareciera que el PRI y el PAN están esperando que los defeños expresen su decepción por la gestión del actual Jefe de Gobierno en los comicios de 2015 para ganar terreno y apoyar la reforma política con mayor influencia real. En cuanto a la relación con el Gobierno Federal, el impacto que tendría esta autonomía en él, también puede resultar un impedimento ya que con ella, perdería una parte de su poder centralizador. Al mismo tiempo, como ha sido evidente en diversos momentos en estos veinte años, el gobierno federal requiere poderes suficientes para evitar excesos por parte de la autoridad local en asuntos cruciales como la seguridad física de las instalaciones y personas del poder ejecutivo. No por casualidad otras ciudades en el mundo con situaciones similares (como Paris y Washington) preservan estatutos especiales que limitan las facultades del gobierno local. El riesgo es grande.
A nivel local, el nuevo marco jurídico para las delegaciones les otorgaría autonomía presupuestal, por lo que estarían en posibilidades de recaudar impuestos locales como por ejemplo el predial, la pregunta importante ante esta posibilidad es si realmente serán capaces de hacerlo y de utilizar esos recursos eficientemente. Mayores recursos generalmente han servido para dar mayor poder y control político a ciertos grupos. También, dada la concentración de zonas de altos ingresos en unas pocas delegaciones del DF, sería necesario establecer cómo se utilizarían –y compartirían- los recursos recaudados.
Dentro de la reforma política propuesta, se contempla una nueva división política en el D.F. En delegaciones como Iztapalapa, Gustavo A. Madero y Álvaro Obregón, causaría un reacomodo de los distritos electorales también, acción que minimizaría el control de varios grupos perredistas, lo que podría crear más tribus al interior del partido. Lo que sí sería un beneficio claro de esta reforma es dejar atrás las fricciones con el gobierno federal dada la existencia de responsabilidad pública poco claras, lo que genera pérdida de tiempo y conflictos como en las marchas o manifestaciones donde tiene que intervenir la fuerza pública.
Proponer una reforma política para el Distrito Federal puede sonar a una gran idea, pero no debe perderse de vista que ante más derechos, se tendrán más atribuciones y por ende, más responsabilidades. La versión actual de la Ciudad de México, sin oposición fuerte y real, le augura un futuro con pocos (o nulos) mecanismos de rendición de cuentas que se traducirían quizá en endeudamiento desmedido, uso indebido de los recursos públicos y mayor corrupción. La entidad también enfrenta el reto de crear un marco jurídico que favorezca no sólo la participación ciudadana sino su incidencia en el actuar político local pues a pesar de contar con un sector importante de ciudadanos informados, activos e interesados en el desarrollo de la ciudad, tiene las menores libertades políticas de facto.
El problema de modificar la naturaleza jurídica del D.F. estriba en que más allá de lograr que esta reforma abone al avance democrático, se vuelva un mecanismo corporativista, sin embargo, no se puede negar que, dado el espíritu reformista que vive el país, este es momento de que los legisladores decidan el futuro del Distrito Federal. Si la reforma genera una dependencia menor del ejecutivo federal, para tener una incidencia ciudadana real que incluya a los habitantes en la toma de decisiones, será una autonomía que habrá valido la pena. Si no, mejor nos quedamos como estamos.
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