Las diferentes reformas estructurales sufren de una parálisis legislativa que ha impedido que se apruebe la legislación secundaria de temas clave como el energético, el de telecomunicaciones o de transparencia. Es un hecho que el proceso de implementación dependerá, en cada caso, de los congresos locales (cuando estén sobre la mesa cambios constitucionales o requerimientos de armonización de los marcos jurídicos estatales), de las clientelas políticas y, sobre todo, de los intereses involucrados en cada uno de los casos, tema particularmente relevante en lo referente a la reforma energética. No obstante, ¿qué podemos esperar luego de que este atorado proceso se desahogue?; ¿qué factores están detrás de este atraso?
Es claro que hubo una saturación en la agenda. Además los problemas de gestión técnica y política lograron que el paquete de reformas que envió el Ejecutivo comenzara a estancarse. El tema de telecomunicaciones y energía, además de la complejidad técnica, está rodeado de actores poderosos que han hecho la discusión más álgida y cuidadosa. Al pretender sacar tantas reformas en el sexenio, la demora de la reglamentación podría ser una señal de que el ejecutivo necesita políticas paralelas de corto plazo. Los grupos de interés que no tuvieron influencia o se vieron disminuidos en las discusiones legislativas, puede que comiencen a presionar pues ahora las negociaciones son cada vez más complejas.
Independientemente del contenido de estas reformas, el indicador exitoso de desempeño será el crecimiento económico. Si bien es cierto que el impacto de las reformas no se puede medir en el corto plazo, el problema es que el impulso de este crecimiento esperado se puede convertir en una tentativa de mover a la economía por medio de gasto público (la cifra de 7.7 millones previstos para inversión en el sexenio habla por sí sola).
No hubo claridad en términos de cada proyecto y ahora es cuando se comenzará a ver si ese ánimo reformista es redituable. Lo que viene luego de que se aprueben las leyes secundarias será mudarse de un ánimo marcado por los tiempos del congreso a uno enfocado estrictamente en lo electoral. Ante los comicios del 2015 (vistos como la plataforma de lanzamiento de los candidatos a la Presidencia tres años después) el PRI intentará recuperar la mayoría absoluta en la Cámara de Diputados, perdida hace 17 años y seis procesos federales. ¿La moneda de cambio en esto? El PAN se niega a pasar la energética hasta que el PRI apruebe la reforma político electoral, con el argumento de que con esta reforma habrá elecciones limpias y se eliminaría la injerencia indebida de los gobernadores en los procesos electorales, respetando la autonomía de los estados.
En prospectiva, tenemos como ejemplo las cuatro controversias constitucionales en materia educativa que presentó el Ejecutivo Federal en contra de los poderes legislativos de Michoacán, Oaxaca, Chiapas y Sonora al no ajustar sus leyes locales a la reforma en materia educativa. Una vez que esté la reglamentación de las reformas pendientes, ¿cómo podemos saber que no pasará lo mismo que pasó con la educativa en caso de que los estados tengan que armonizar parte de sus códigos? Muchas, si no es que la mayoría de las veces, hay resistencias en los congresos locales puesto que se oponen a ser controlados. El gobierno federal ha jugado sus cartas en mantener centralizado el poder e imponerse al grado que la oposición dejó de ser contrapeso. Es momento de ver si el presidente Peña Nieto intentará seguir imponiéndose o si aprenderá que tras el ánimo reformista, habrá aguas que no serán muy fáciles de sortear.
Al final del día, hay dos procesos claramente diferenciados: por un lado, la disputa por asuntos de interés real, sean estos económicos o políticos. Esta ha sido la principal fuente de retraso legislativo y no hay nada que la pueda acelerar: sólo una resolución que implique imposición o acuerdo lo logrará. Pasado ese proceso vendrá la implementación, la cual tampoco está asegurada, como ilustran con vehemencia los estados demandados por el gobierno federal en materia educativa. El otro proceso se refiere estrictamente al poder ejecutivo federal: si bien hubo claridad de rumbo respecto a la necesidad de llevar a cabo un conjunto de reformas, la evidencia a la fecha sugiere que se trataba más de una visión política que a una comprensión cabal de lo que implica reformar en términos de afectación de intereses reales. En el camino, el gobierno ha tenido claro su propósito de reconcentrar el poder pero no tanto el de echar a andar la economía.
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