¿Reformas estructurales o atentados contra la competitividad?

Administración Federal

Esta semana han comenzado las discusiones en comisiones legislativas de dos reformas cuya aprobación tendrá un impacto significativo en materia de competitividad para México: la hacendaria (en Cámara de Diputados) y la financiera (en el Senado). Por un lado, una de las principales objeciones contra la iniciativa de reforma hacendaria del gobierno federal (ya reducida por varios legisladores y analistas a “miscelánea fiscal”) estriba en que, en lugar de impulsar el crecimiento económico –sin el cual es insostenible el costo de cualquier sistema de seguridad universal (por nimio que éste sea) como el también planteado desde el Ejecutivo–, agravarán la recesión económica del país porque reduce su competitividad. ¿Qué tan cierto es este argumento? Por otro lado, aun cuando la mayoría de los análisis apuntan a la existencia de más bondades que yerros en la reforma financiera, es prioritario revisar los desafíos que conlleva su puesta en marcha, y cuestionar si dichas modificaciones tienen algún riesgo de ser contraproducentes para la competitividad, el desarrollo económico y la estabilidad del sistema financiero.
En principio, varios de los cambios propuestos en la reforma hacendaria representan un gran lastre para el sector exportador, uno de los pilares centrales del crecimiento (raquítico, pero crecimiento al fin) económico del país. La industria manufacturera representa 82% de las exportaciones totales del país, pero está en creciente desventaja frente a empresas al norte de la frontera con costos más altos en salarios, pero mucho mejor infraestructura, servicios básicos más baratos (agua, electricidad, gas natural), menos trámites engorrosos y mayores incentivos fiscales. La homologación del IVA de las zonas fronterizas con el resto del país (del 11% al 16%), la eliminación de la deducibilidad del IVA de las importaciones (temporales) de estas industrias exportadoras, la eliminación de la deducibilidad de las cuotas de seguridad social patronales, el incremento del impuesto sobre la renta a 32% sobre las utilidades de las empresas, y la eliminación de la depreciación acelerada para inversiones son sólo algunos de los elementos que reducirán drásticamente la competitividad de México a fin de captar inversión extranjera y desarrollar productos atractivos para su exportación. En pocas palabras, la aprobación de esta iniciativa puede ser el detonador de una recesión (peor).
En cuanto al paquete de modificaciones legales que conforman la reforma financiera, si bien reúne intenciones de transformación importantes (fomento al crédito vía la reducción de tasas de interés, fortalecimiento de la Comisión Nacional para la Protección y Defensa de los Usuarios de Servicios Financieros (Condusef), acotamiento de los diferenciales escandalosos para los bancos entre las tasas activas (las que cobran) y las pasivas (las que pagan por ahorros), entre otras), cabe revisar algunos potenciales obstáculos en el proceso. Por ejemplo, uno de los escollos más preocupantes consiste en la determinación de incentivos para generar una ampliación de la oferta de crédito, componente toral en el fomento a la competitividad. Cabe señalar que un entusiasmo irresponsable por alcanzar dicho objetivo podría llevar a deteriorar la cartera de los bancos –comenzando por los de desarrollo- más que a generar mayor crecimiento. Bajo circunstancias de recesión, y dadas las propuestas de alzas en impuestos que limitan las actividades productivas, se corre el riesgo de que el otorgamiento de préstamos bancarios sin control derive en desequilibrios del sistema, como ha sucedido en el pasado. Asimismo, la propuesta de modificar la figura del arraigo y prescribirlo en casos de morosidad podría ser motivo de una controversia constitucional por violaciones al artículo 17 (“nadie puede ser aprisionado por deudas de carácter puramente civil”), además de inhibir la inclusión financiera (¿quién en su sano juicio quiere vivir con el temor de ir a la cárcel por retraso en el pago de su tarjeta de crédito?).
Es fundamental la observancia de autoridades y especialistas ante potenciales efectos adversos de las reformas. México debe moverse…pero no en reversa.

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