Aun cuando el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación se encuentra en pleno proceso de calificación de la elección presidencial del pasado 1 de julio, hoy ya es posible conocer a prácticamente la totalidad de quienes integrarán la LXII Legislatura del Congreso de la Unión –aunque todavía hay 76 diputaciones y 28 senadurías impugnadas, las cuales tendrán que definirse a más tardar el 3 de agosto. Puesto en otros términos, los partidos políticos no pierden tiempo y ya han comenzado a discutir en sus cónclaves cuáles podrían ser las prioridades respecto a las eventuales reformas e iniciativas que apoyarían o rechazarán en los siguientes periodos legislativos. El conflicto electoral tiene su dinámica, pero el funcionamiento cotidiano de la política también tiene la suya. La presunta composición de las cámaras a partir del 1 de septiembre coloca al PRI en la primera minoría de ambas y es de anticiparse que su primer enfoque sea hacia un pacto con sus aliados electorales (el Partido Verde y Nueva Alianza) a fin de acercarse a tener la mitad de los votos en ellas, aunque no es de desdeñarse la posibilidad de que busque a los otros dos partidos grandes como contrapeso incluso frente a esos aliados. El PRI, como partido gobernante, tendrá que decidir si intenta una alianza estable y permanente o si procura acuerdos iniciativa por iniciativa. Aunque la (breve) historia de legislaturas sin mayoría absoluta sugeriría lo segundo, un gobierno ambicioso podría plantearse el primer camino. Desde esta perspectiva, la negociación “interna”, con sus aliados electorales, es importante, pero podría ser mucho más trascendente una negociación con los dos partidos grandes de la oposición (el PAN y/o el PRD, según sea el caso) y así aspirar a alcanzar las mayorías efectivas para sacar adelante su agenda. Ante tal escenario, algunas preguntas pertinentes serían: ¿qué tendrá que conceder el PRI a panistas o perredistas a cambio de su “sí” en el Congreso?; ¿qué pedirán el PVEM y el PANAL a cambio de una coalición de gobierno estable?; ¿podrá el PRI destrabar la relativa parálisis en la cual se ha sumido el Poder Legislativo desde hace 15 años? No menos importante: ¿ante su crisis interna –cada una por sus razones- podrían el PAN o el PRD definir sus prioridades y negociar una agenda amplia y relevante?
La legislatura saliente deja al menos cinco reformas pendientes: en los ámbitos fiscal, laboral, político, de seguridad social y energético. Si bien algunas requieren mayor negociación que otras, el PRI –como el partido mayoritario en el Congreso—enfrenta la presión de lograr la aprobación de una o varias de ellas con relativa rapidez. La promesa de ser un partido con capacidades efectivas de gobierno, tanto desde el Ejecutivo como desde el Legislativo, estará a toda prueba ante una ciudadanía cada vez más impaciente, pero no por eso necesariamente dispuesta a afrontar los costos potenciales de algunas de esas reformas, como sería el caso evidente de la fiscal. La reforma fiscal pudiera ser la primera en la lista de prioridades, sobre todo porque el nuevo gobierno querrá contar con recursos suficientes, no sólo para su operación –en especial si en verdad quisieran cumplir con los compromisos enarbolados por su candidato presidencial, Enrique Peña, como el de los vales de medicinas o la pensión universal—, sino para seguir adelante con el resto de las reformas y lograr beneficios tangibles en los primeros años de la administración. Las negociaciones no serán fáciles, en particular porque el entorno de la transición de gobierno parece haberse enturbiado más de lo esperado. De esta forma, la urgencia del PRI por aprobar las llamadas reformas estructurales, irónicamente, coloca a los panistas en una posición privilegiada en la que podrían no sólo ver aprobadas las reformas que ellos mismos en algún momento propusieron (dadas sus coincidencias generales con el lado tecnocrático del PRI), sino que además tendrían mayores capacidades de intervenir en decisiones relacionadas con los próximos nombramientos de nuevos ministros de la Suprema Corte de Justicia o del Instituto Federal Electoral. Respecto al PRD, Peña y su equipo deberán construir puentes de comunicación con personajes específicos que les permitan evitar el bloqueo de algunas reformas. Después de todo, la izquierda agrupada será segunda fuerza en la Cámara de Diputados. Dicho esto, no es de despreciarse la posibilidad de que el PRI opte por negociar con la izquierda, con quienes muchos priistas tienen mayores coincidencias de visión, lo que arrojaría un contenido muy distinto a las potenciales reformas.
Finalmente, estos meses previos a la toma de protesta de Enrique Peña como presidente –en caso de que el TRIFE valide la elección- representan un espacio de tiempo con importantes oportunidades para avanzar ciertas negociaciones. No obstante, a pesar de todos estos intentos, el nuevo presidente podría llegar a su cargo en diciembre sin una sola reforma de fondo. Asimismo, las protestas postelectorales y los procesos legales que ha emprendido el PRD ante el TRIFE, han generado un ambiente de dudas respecto a si Peña podrá eventualmente tomar posesión en San Lázaro, o tendrá que adscribirse a alguna de las “ceremonias alternativas” que ya prescribe la ley. La legitimidad de las urnas podría entonces ser magullada por las formas. La pregunta aquí es, ¿realmente le preocupará eso al PRI? Por lo pronto, si los triunfos electorales priistas son ratificados, su pesadilla apenas podría estar por empezar: el amargo premio de gobernar fuera de la unanimidad. La pregunta obvia en ese escenario sería: ¿qué tendría que hacer el nuevo presidente para cambiar el entorno deteriorado en que hoy se perfila el panorama?
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