A días de la fecha límite para aprobar el Presupuesto de Egresos de 2010, diputados del PRI y del PAN han tenido desacuerdos en torno a la posibilidad de recortar y modificar reglas de operación en los programas sociales. El objetivo del PRI es hacer modificaciones desde el Congreso, al incluir cláusulas en el presupuesto que permitan criterios más laxos para las reglas de operación. Más recursos sin rendición de cuentas es particularmente atractivo cuando hay elecciones en varios estados.
Ante la posibilidad de que el PRI pudiera conseguir una mayoría para aprobar su propuesta, el PAN ha amenazado con una controversia constitucional y con el veto. La primera, porque cambiar las reglas de operación es facultad del ejecutivo y, la segunda, porque el ejecutivo aún puede vetar el presupuesto, afectando directamente a los estados que tendrían menos tiempo para gastar previo a las elecciones.
Paradójicamente, ceder facultades no implicaría una desventaja per se para el ejecutivo, dado que las elecciones intermedias demostraron que administrar los programas sociales no se tradujo en votos y los votantes difícilmente distinguen qué viene de quién. Sin embargo, el que los estados tengan más poder sí beneficia directamente al PRI, debido a su capacidad de movilización a nivel local.
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