La recaudación y el gasto son dos de los temas más complejos en la política. Los políticos pueden decir que cierto grupo debe estar exento de pagar impuestos porque su actividad es “importante” –como con la industria editorial– porque genera empleo –como con los empresarios– o porque les ha ido mal con la crisis –como a la clase media. Pero cuando hay presiones en las finanzas públicas, se tiene que elegir y negociar a qué grupos se gravará más. Lo mismo ocurre con el gasto. Desde la retórica, los políticos pueden decir que un sinnúmero de temas les importan. Sin embargo, no es hasta que se define un presupuesto que se revelan las verdaderas prioridades.
Las próximas semanas serán nuevamente de retórica sobre los beneficios sociales de la estrategia de gasto y la búsqueda de recortes, sin embargo la prioridad en la definición será guiada por el binomio codicia-discrecionalidad: gobiernos locales que buscarán incrementar el gasto en año electoral, pero que por ningún motivo pretenden transparentarlo; y la oposición intentando acotar la capacidad del Ejecutivo.
El debate por buscar recortes reales y sustantivos será en buena medida un ejercicio de demagogia si se considera que más del 90% del gasto se encuentra etiquetado en leyes. Para poder eficientar el gasto no sólo haría falta mejorar la gestión ejecutiva, sino ajustar una buena cantidad de leyes que acotan el ejercicio del dinero público.
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