El caso ABC ha reactivado el debate sobre la conveniencia de que la Suprema Corte conserve y ejerza la facultad de investigación que le otorga el artículo 97 constitucional. Existen dos posturas identificables. La primera, a favor, argumenta que la facultad le permite a la Corte determinar cuando un acto administrativo o de autoridad de una instancia del Estado mexicano afecta o cancela una garantía constitucional. Argumenta también que la facultad fortalece la rendición de cuentas y el equilibrio de poderes al dar a la Corte el rol de contrapeso de los otros Poderes de la Unión e inclusive de otros ámbitos de gobierno. La argumentación parte de la lógica que el peso moral de una resolución de la Corte es suficiente para validar política y socialmente una investigación y le permitirá a la ciudadanía contar con una instancia a la cual acudir en caso de que todas las demás dedicadas a la procuración e impartición de justicia fallen.
La segunda postura, en contra, argumenta que la atribución de investigación que actualmente otorga la Constitución a la Corte carece de asideros legales y que el carácter no vinculante de sus resoluciones convierte a la facultad en una herramienta que genera altos costos de imagen para el máximo tribunal del país al no tener capacidad de ir más allá de la condena moral. Argumenta también que la Corte carece de un área especializada y profesionalizada en materia de investigación, lo que lleva a su comisión investigadora a improvisar y recabar información de las fuentes que precisamente han mostrado carencias en su labor de investigación, como es la Procuraduría General de la República (PGR) o la Secretaría de la Función Pública (SFP).
Más allá de este debate y del de la interpretación de las responsabilidades que se pueden atribuir a los funcionarios públicos desde la Corte, lo cierto es que a más de un año de ocurrida la tragedia en la guardería ABC, ni la PGR, ni la SFP han podido determinar a los responsables de lo sucedido, ni su grado de responsabilidad. Es esta situación de inacción de las autoridades responsables la que lleva a la Corte a ejercer su facultad de investigación, olvidarlo es continuar combatiendo las consecuencias antes que las causas.
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