El Presidente Calderón promulgó el día martes la “Reforma Constitucional en Materia de Justicia Penal y Seguridad Pública”, en un evento que tuvo como único co-orador a César Camacho, el legislador priísta artífice de esta iniciativa. Aunque el centro de la reforma no es la seguridad pública –lo cual podría provocar eventualmente desilusión en la opinión pública- sí incorpora cambios relevantes en materia de justicia penal. Los principales elementos de la reforma promulgada son:
• Juicios Orales. – En un lapso de hasta ocho años se establecerá un sistema de juicios orales y procesos simplificados. Los juicios orales permitirían pasar de un sistema inquisitorio con grandes ventajas para el ministerio público (MP), a uno más equilibrado, con igualdad entre acusado y MP. Además, se contemplan salidas alternas para evitar que, como sucede actualmente, el sistema penal se sature por delitos menores que consumen recursos que podrían ser mejor utilizados contra el crimen organizado. La experiencia en otros países y en entidades federativas muestra que el éxito o fracaso de este tipo de reformas se define en la implementación.
• Seguridad Pública.- Se otorgan mayores facultades de investigación para la policía y se fortalece el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Así, se busca revertir las deficiencias en profesionalización y coordinación de los cuerpos de seguridad existentes a diez años del inicio del Sistema Nacional de Seguridad Pública.
• Delincuencia organizada. – Es el componente más polémico, pues contempla un régimen especial con menos garantías que las aplicables para los acusados en el resto del sistema. El diablo está en quién define en la práctica y en cada caso concreto quién será considerado “delincuente organizado” y sujeto a este régimen, que es la parte de la reforma que entraría en vigor de inmediato.
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