Una vez que la euforia electoral ha dejado de ocupar los principales espacios en los medios, la nota roja ha recuperado su ya habitual protagonismo. Aunque la semana pasada el presidente Calderón presentó cifras que exhibían una reducción en homicidios cometidos entre bandas delincuenciales de 15% en el primer trimestre de 2012, la realidad volvió de inmediato a opacar el triunfalismo de los números. En los últimos días, ante graves acontecimientos de violencia en localidades como Apatzingán, San Luis Potosí y Monterrey, el gobierno federal ha debido desplegar una mayor presencia de sus fuerzas de seguridad en varias entidades del país. Más allá de los cuestionamientos que se han planteado respecto a los porcentajes presentados por el mandatario –en especial porque la administración no ha dado un informe oficial de la cantidad de homicidios vinculados con el crimen organizado desde enero de 2012, y no ha actualizado sus datos desde octubre de 2011—, lo que resulta evidente es que la estrategia seguida hasta ahora en materia de seguridad no vislumbra una solución integral al grave problema de la delincuencia en México. Ante esta encrucijada, la primera pregunta que el próximo titular del Ejecutivo Federal deberá resolver durante su gestión es cómo asignar los recursos institucionales disponibles para alcanzar resultados que perduren en el tiempo o, más bien, para lograr resultados distintos en términos tanto de criminalidad como de violencia.
Hasta ahora, lo único que se sabe sobre las acciones que emprendería en materia de seguridad el virtual presidente electo, Enrique Peña Nieto, sigue siendo lo plasmado en su plataforma electoral: una política de prevención, otra de profesionalización de policía y mejoramiento del sistema de justicia y, finalmente, una de control de armas y combate al lavado de dinero. En síntesis, nada sustantivamente distinto de lo que ha propuesto la administración saliente. Dejando de lado que, además de ser políticas cuyos resultados tienen plazos muy largos de maduración, ya son conocidas las resistencias que enfrentaría el siguiente gobierno si le entrara con mayor decisión a dichos temas. Por otra parte, aunque por supuesto no se le puede pedir definiciones precisas a una administración que aún no comienza su mandato, Peña Nieto no parece ofrecer nada innovador en el corto plazo. De hecho, por ejemplo, ha reconocido que las fuerzas armadas permanecerán fuera de sus cuarteles hasta que existan condiciones para su retiro. La principal “innovación” de Peña sería la creación de una Gendarmería Nacional bajo el mando civil, pero conformada por el Ejército y la Marina para asistir, primordialmente, a municipios débiles. Con ello se duplicaría el número de elementos (de 50 mil a 90 mil) haciendo tareas de seguridad pública, entre civiles y militares. Todo lo anterior bajo una hipótesis de que un amplio despliegue de fuerzas policíacas y militares representa una solución a los brotes de violencia en el país.
De ser correcto el supuesto de que esta sería la línea a seguir por la próxima administración, el primer indicador de éxito de la eventual política en seguridad de Enrique Peña Nieto sería una reducción en los índices de homicidios cometidos en el país, lo cual nos regresa al problema mencionado al inicio. Para calcular tales índices se requeriría un reporte sistemático y constante de las cifras reales por parte de la autoridad estatal a la federal, justamente lo que la administración Calderón se ha negado a hacer en los últimos dos años. Además, tanto la ya desaparecida base de datos de Presidencia de la República sobre homicidios relacionados con el crimen organizado, como aquella disponible en INEGI sobre averiguaciones previas iniciadas por el delito de homicidio, alimentada de información provista por autoridades locales, presentan graves inconsistencias. La deficiencia en el registro de los delitos perpetrados –peor aún el ocultamiento o manipulación de los números—no ayudaría en nada en la búsqueda por diseñar soluciones más eficaces en el combate a la violencia y la criminalidad. En la medida en la que esa información no es recabada bajo protocolos uniformes y estrictos, la maleabilidad política de los datos se podría convertir en una constante. Es decir, existe el riesgo latente de caer en la tentación de querer alterar la percepción de la ciudadanía con simples numeralias. Más allá de las percepciones ciudadanas, no hay forma de evaluar una política de seguridad sin cifras confiables: sin soluciones integrales, la supuesta fortaleza de una cifra seguirá chocando de forma brutal con la realidad, la cual puede ocultarse, pero jamás detenerse si no se hace algo por en verdad modificarla.
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