El proceso de reforma a la Ley de Seguridad Nacional ha abierto más frentes de los que los legisladores decían pretender cerrar. El dictamen aprobado en la Cámara de Senadores se lee como una mera regulación de la situación en el terreno sin introducir nuevos mecanismos ni disposiciones para dar certidumbre a los militares dedicados a tareas de seguridad pública. En cambio, da sustento legal al procedimiento que ha venido siguiendo el Ejecutivo Federal para utilizar al Ejército y a la Marina –blindando así al Presidente de la República. Se queda pendiente, pero al centro del debate, el fuero militar.
La discusión sobre el fuero obligará a considerar la opacidad con que opera la justicia militar, pero también las enormes debilidades de la justicia civil para lidiar con la complejidad de las operaciones militares. Para muestra dos botones: exponiendo los hechos en la Ribereña en Tamaulipas el Ejercito se apresta a culpar al crimen organizado, sin lugar para la autocrítica ni la posibilidad de error; por otro lado, la Procuraduría General de la República, en el caso de los estudiantes del Tecnológico de Monterrey, se ve obligada a confesar mes y medio después que no tiene elementos para decir absolutamente nada.
Más allá del debate sobre la participación de las fuerzas armadas en tareas de seguridad y del sucedáneo sobre el fuero militar lo que en realidad se discute es la debilidad institucional del Estado mexicano –en particular sobre los alcances y fortalezas del sistema de justicia penal. Ciertamente no es una decisión que pueda reducirse al deber de apoyar a “nuestras fuerzas armadas”. Lo cierto es que, mientras tanto, el Ejercito continuará haciendo su trabajo con incertidumbre y bajo la amenaza de una futura comisión de la verdad.
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