El 2008 se podrá recordar como el año de las cinco mil ejecuciones y de la priorización del tema de seguridad pública en la agenda de gobierno. Dos secuestros acapararon la atención de una opinión pública desesperanzada; atentados contra la población civil en Morelia, marchas ciudadanas en todo el país y, en el seno del Consejo Nacional de Seguridad el lapidario “si no pueden, renuncien”. Los escándalos de corrupción a los más altos niveles mostraron las dimensiones de la penetración entre las agencias del Estado. Aunque se han dado golpes históricos en todos los rubros, la capacidad de operación y violencia del crimen continúa siendo enorme. La clase política no manda buenas señales: los estados quieren que se federalice el delito de secuestro; Chihuahua amenaza con no investigar las ejecuciones (el 30% de los casos del país), rindiendo su competencia a la federación; y la propuesta de la pena de muerte, que hasta los que no saben del tema ya no usaban, volvió a esgrimirse. En el Congreso, logró pasar en junio la reforma en materia de justicia penal en la cual se establece el sistema de juicios orales y procesos simplificados y se otorgan más facultades de investigación a la policía. Sin embargo, se ha hecho evidente que los grandes despliegues de fuerzas militares no garantizan la recuperación territorial. No se ha acompañado la estrategia gubernamental en temas de seguridad con reformas institucionales y legales que hagan más eficiente la labor del Estado en el combate al crimen organizado. Los pendientes son muchos y se centran en la ausencia de profesionalización de los cuerpos de seguridad y en falta de articulación de una respuesta integral del Estado que incluya a todas las secretarias de gobierno, a los legisladores, a los partidos, a los gobernadores, a la Suprema Corte, a los jueces y a los ciudadanos.
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