El secuestro y posterior asesinato del joven Fernando Martí se convirtió en el evento catalizador de la crisis de seguridad pública nacional. Ya ni el mismo procurador repite que “vamos ganando la guerra contra la inseguridad”, ni argumenta que el aumento de la violencia sea la reacción natural y pasajera de una criminalidad acorralada. No es que la caída de los principales operadores de la PGR marque el fracaso de una “estrategia” de combate al crimen. Pero si refleja el desmoronamiento del equipo constitucionalmente encargado de combatirla. Si a los subprocuradores que dejan sus cargos se suman los altos mandos de la Secretaria de Seguridad Pública federal que han muerto en este año, no queda más que preguntarse cuántos golpes más –de esta magnitud– podrá resistir el equipo federal.
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