El tema de la inseguridad predominará en el debate de las campañas políticas de este año, y los partidos de oposición escrutarán a fondo los enormes pasivos del gobierno en esta materia. En un año electoral, los estados contarán con una cantidad record de recursos públicos para destinarse a la seguridad ciudadana. Durante 2009, se continuará la adecuación legal derivada de la reforma constitucional en materia penal del 2008, siendo de principal importancia la legislación sobre delincuencia organizada. El Gobierno Federal apuesta a que se tocará fondo en la violencia derivada del crimen organizado, comenzando una tendencia decreciente. En los primeros meses las autoridades buscarán dar golpes precisos y contundentes al crimen organizado (capturas de altos jerarcas del crimen organizado; reducción en el número de ejecuciones; consolidación de reformas institucionales y organizacionales). Si este cambio de tendencia no se registra o no se comunica efectivamente a la ciudadanía, podría haber cambios en el gabinete de seguridad. Sin embargo, es difícil que se concrete un viraje espectacular, ni se pueden esperar resultados inmediatos de las recientes transformaciones legales en materia de coordinación institucional y profesionalización policíaca. El resultado de las elecciones federales evaluará al gobierno, ponderando especialmente el tema de la seguridad: el electorado determinará si da un voto de confianza al PAN o reduce el capital político de Felipe Calderón a mitad de su gestión y en plena lucha contra el hampa.
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