La evidencia de la proliferación del paramilitarismo en el crimen organizado quedó de manifiesto esta semana en un nuevo giro de la espiral de violencia e impunidad. Más de 70 ejecutados en Baja California en una sola semana. Más decapitados, más narcomantas, en una vorágine que parece interminable. La violencia sigue escalando en el escalafón: una docena de policías (cinco anoche en Jalisco) y un presidente municipal. El Estado es desafiado todos los días con más y más bajas, con menos servidores públicos dispuestos a embarcarse en la ardua lucha contra un hampa de varias cabezas y cientos de tentáculos; el Estado se cimbra, mientras el crimen mantiene una gran capacidad de operación y de violencia. En este contexto, el presidente ha enviado al congreso una serie de iniciativas respecto del sistema nacional de seguridad pública, sobre la certificación y control de confianza de la policía (creación del sistema Nacional de Evaluación y Control de Confianza). También destacan dos propuestas vitales a casi dos años de iniciada la administración: cambios legislativos para una nueva política criminal contra el narcomenudeo, así como, con notable retraso (quizá de décadas), se plantea abordar legislativamente, de manera integral, el lavado de dinero.
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