La sequía que sufren en este momento los estados de Coahuila, Chihuahua, Durango, San Luis Potosí y Zacatecas es la más severa en los últimos 70 años, sin embargo, sus consecuencias como fenómeno político no son nuevas. La demanda por recursos para enfrentar la tragedia y la búsqueda del beneficio electoral son cotidianas y hasta cíclicas, sea el fenómeno en cuestión una inundación o una sequía.
La catástrofe natural representa para las autoridades federales y locales la oportunidad de implementar medidas de alivio -más no de prevención- a la población afectada en busca de una rentabilidad política-electoral. Estados como Tabasco y Veracruz han sido ejemplo de operación con ese objetivo. Ambos son muestra del uso político de los fondos de desastres naturales para financiar la escasa obra pública que realizan, pero hacen visible la presencia de la autoridad local, más en periodos electorales.
Lo cierto es que capitalizar esa ayuda no se da ni de forma sencilla, ni en automático, por las asimetrías de información acerca del desempeño de los políticos, la fragmentación social entre votantes y la falta de credibilidad en los compromisos políticos -más si no se cuenta con una estructura en tierra que opere la entrega de apoyos y su asociación con una marca. Es por ello que la respuesta de las autoridades en realidad oscila entre la búsqueda de beneficio y el control de daños.
La cotidianidad con que se presenta la tragedia no hace sino mostrar la incapacidad del Estado mexicano, en su conjunto, para diseñar una verdadera estrategia de desarrollo sustentable del campo mexicano que permita orientar de manera eficaz los recursos que año con año se destinan. Para el 2012 se habrán destinado poco más de 315 mil millones de pesos al sector rural, es decir, alrededor del 8.5% del total del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF). Dichos recursos terminarán, muy probablemente, en manos de grupos de interés conformados por organizaciones campesinas vinculadas con viejos cacicazgos locales y nacionales -con clara representación en algunas bancadas en el Congreso- además de grandes productores beneficiarios de transferencias federales, ya sea en la forma de subsidios o de créditos que nunca pagarán.
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