Independientemente de si la huelga de hambre de los integrantes del Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) fue o no real, lo cierto es que la amenaza cumplió su propósito: lograr que el Gobierno Federal volviera a la mesa de negociación con propuestas que antes se había negado a ofrecer, en particular, la de considerar de nuevo la toma de nota de Martín Esparza como líder del sindicato. Las consecuencias económicas y políticas de esta promesa no resultan menores. Detrás está el control de los fondos del SME, que se estiman en por lo menos 7 mil millones de pesos líquidos, más aproximadamente 6 mil millones en bienes, inversiones e inmuebles. No es un monto menor, sobre todo considerando sus efectos en la eventual consolidación de otro cuestionado líder sindical y también su potencial uso para campañas electorales.
La posibilidad de dar la toma de nota a Esparza, además, va en sentido contrario a la línea del secretario del Trabajo, Javier Lozano, quien había negado al líder sindical este privilegio argumentando irregularidades en el proceso de elección interno del sindicato. Esta decisión fue avalada por el Quinto Tribunal Colegiado, instancia que negó a Esparza un amparo contra la decisión del Secretario.
El cambio de línea en el Gobierno Federal –de una firme y unificada a una negociadora y fragmentada– habla no sólo de una reacción a las huelgas de hambre, podría ser también indicativo de un cambio de prioridades y reacomodo de fuerzas en la administración del presidente Calderón. Aunque aún faltan meses para conocer la decisión final respecto a la toma de nota que concedería al liderazgo sindical el acceso a los recursos, planteando la posibilidad de negociarlo, el Gobierno Federal privilegió demostrar la capacidad de interlocución y resolución de conflictos de un secretario de Gobernación recién llegado, por encima de darle continuidad a la línea hasta ahora promovida por Lozano, quien había fortalecido su posición al interior del gabinete con su actuar respecto al SME.
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