El conflicto entre el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) y el gobierno será de largo aliento. Hasta ahora ambas partes han hecho sus respectivos amagos por el control de Luz y Fuerza del Centro (LFC), pero ninguno parece estar dispuesto a ir un paso más allá todavía. El gobierno presiona al sindicato negando la toma de nota a Martín Esparza. El SME entiende que acciones radicales de su parte podrían ser el pretexto perfecto para la requisa. El pleito podría extenderse por meses si el SME recurre al amparo para exigir el reconocimiento del líder sindical. El gobierno por su parte concentra la ofensiva en el secretario del Trabajo, lo que indica que no vería con desagrado mantener el conflicto exclusivamente en el ámbito sindical con miras a la renegociación del contrato colectivo en marzo del año próximo.
En medio del conflicto está el favor de la opinión pública, en la que el gobierno lleva la delantera ante el lastre que SME y LFC son para el país. Sin embargo, con el SME apoyado por otros sindicatos y partidos en el Congreso (PRD, PT y Convergencia) –que pueden frenar cualquier intento por modificar el status quo– el gobierno requerirá pronto de una estrategia coordinada que incluya a otros organismos y secretarías vinculadas al sector eléctrico. De no hacerlo, el gobierno podría meterse a una batalla exclusivamente laboral y perder el impulso inicial al olvidarse de la verdadera problemática que LFC representa para la población: el alto precio por el servicio.
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