Ha transcurrido un año desde la disolución de Luz y Fuerza del Centro (LyFC) y el Sindicato Mexicano de Electricistas (SME) ha perdido todas las batallas jurídicas que ha peleado. Sin embargo, el control de los recursos del sindicato continua siendo la fuente de conflicto. La Secretaría del Trabajo tiene en su poder el otorgamiento de la toma de nota que haría posible a la dirigencia reconocida acceder a los recursos. El SME entiende que la movilización es su única herramienta de presión y continuará ejerciéndola siempre que haya oportunidad.
En la liquidación de LyFC el Gobierno Federal ha contado con la aprobación de una parte significativa de la opinión pública. Es así que a pesar de que la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no ha logrado satisfacer las expectativas de la población –que sigue sufriendo cortes en el suministro y errores en el cobro del servicio– y además se encuentra inmersa en un delicado caso de corrupción, los esfuerzos del SME por reestablecer su fuente de trabajo –en últimos días a través del Legislativo– parecen inviables.
De no presentarse una solución satisfactoria al conflicto en el corto plazo –lo que es muy probable– se podría observar en el futuro un SME que se consolide como grupo de protesta para casi cualquier asunto que le de oportunidad de movilizarse y permita subsistir. Esta situación obligará a una reflexión más profunda sobre los costos y beneficios que a los distintos personajes públicos eventualmente les traerá ligarse, o bien, ser permisivos con el SME en aras de la gobernabilidad.
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