Derivado del acuerdo nacional en materia de seguridad, el presidente ha enviado un conjunto de iniciativas de reforma a diversos ordenamientos. Destaca entre estas iniciativas la que aborda el tema del combate al narcomenudeo. Esta iniciativa permite la participación de autoridades locales en el combate a este delito (posibilidad prevista en la Constitución desde hace casi tres años); incluye la modalidad de suministro aun gratuitamente (pues el tipo actual implica que se acredite que se dio la transacción de la “venta” para que se de la modalidad de “comercio”). Por otra parte, se incluye la posibilidad de que las personas que sean detenidas con pequeñas cantidades de droga (la misma reforma plantea reducir estas dosis personales máximas) no sean sancionadas si aceptan voluntariamente someterse a un tratamiento contra la adicción. Este mecanismo sólo podrá utilizarse en dos ocasiones (en la tercera se ejercería acción penal). Estas medidas pretenden hacer un uso racional de los recursos, pues actualmente 87% de las personas detenidas por delitos contra la salud son por la modalidad de “posesión” de pequeñas dosis. Tampoco actualmente se ejerce acción penal; pero a diferencia del sistema propuesto, no se les da seguimiento sobre su adicción (puede haber personas que tengan 10 o 15 arrestos sin mayores consecuencias), en ocasiones los procedimientos para determinar que realmente se es adicto, dictar su liberación o sancionarlos por penas que se cambian (“conmutan”) por multa (a veces después de estar en prisión durante su proceso), es costoso y tardado. Actualmente en México hay aproximadamente 10 mil personas procesadas por esta modalidad de posesión, sin seguimiento y con un costo de 18 mil pesos por proceso. Demasiados recursos al último eslabón de la cadena, mientras se escatima en inteligencia policial, y en capacidad de investigación, captura y procesamiento de los grandes traficantes.
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