El pasado 11 de mayo, más de 2 mil personas salieron a las calles de Tampico para exigir al gobierno la pacificación de la entidad. Bajo la consigna “¡Queremos paz!” los ciudadanos del estado demandaron la atención del gobierno federal. La demanda se encuentra totalmente justificada; a pesar de que la situación michoacana ha acaparado la atención de los medios, en Tamaulipas los índices delictivos se han incrementado de forma considerable sin que la autoridad local muestre capacidad para hacer frente al desafío.
De acuerdo con el gobierno federal, la violencia en la región se ha potencializado debido a la captura y abatimiento de dos líderes criminales, lo cual provocó procesos de descomposición al interior de los cárteles. Por tratarse de una entidad fronteriza, Tamaulipas es una región estratégica no sólo para el tránsito de narcóticos hacia Estados Unidos, sino también de personas y armas. Sin embargo, el diagnóstico del gobierno federal resulta insuficiente para determinar por qué Tamaulipas lleva tres sexenios siendo un permanente foco rojo. Tanto Fox como Calderón intentaron en su momento intervenir en la entidad y –como vemos- fracasaron. ¿Se puede esperar algo distinto de la oportunidad de Peña?
Resulta inevitable mostrar suspicacia frente a las acciones que el gobierno federal ha anunciado. En principio se ha decidido sectorizar la entidad en cuatro regiones en un intento por focalizar recursos en puntos estratégicos. En este sentido se ha anunciado el establecimiento de cuatro fiscalías regionales y un despliegue militar a cargo de la SEDENA y la SEMAR. Aunque la sectorización y las fiscalías son un nuevo elemento, el resto de la estrategia se encuentra compuesta por lugares comunes. De nuevo la pacificación inmediata depende del envío de efectivos militares. Por obvio que parezca, no está de más recordar que el ejército no cuenta con recursos ilimitados; el despliegue militar implica necesariamente dejar desprotegidas otras zonas del país, ¿cuál será la región elegida, Michoacán, Chihuahua, Coahuila? Cubrir todo el país con militares resulta materialmente imposible.
La injerencia directa del gobierno federal en asuntos de seguridad locales lleva consigo la posibilidad de establecer incentivos perversos respecto de la responsabilidad de las autoridades de las entidades. Aquellos estados en los cuales la omisión (¿o colaboración?) del gobierno local ha propiciado el incremento de la inseguridad son los que reciben mayor atención federal (incluyendo por supuesto una mayor dotación de recursos financieros). El modus operandi del gobierno federal obliga a una revisión de lo que sólo puede catalogarse como federalismo a la mexicana: en lugar de empoderar a las instituciones locales se opta por reemplazarlas en las tareas que les corresponden. En pleno 2014 vemos de regreso las prácticas más arraigadas del centralismo y paternalismo gubernamental del siglo XX. En este contexto, la autonomía de las entidades federativas es cada vez más meramente nominal.
Si algo queda claro es que no existen directrices generales en materia de seguridad. El gobierno se ha caracterizado por actuar de forma reactiva y divergente; la respuesta en el caso de Michoacán, el Estado de México y ahora Tamaulipas ha sido muy distinta. Esto claro no es necesariamente negativo siempre y cuando se produzcan los resultados esperados, lo cual sigue –en todos los casos- en tela de juicio. Por último, es importante recordar que Tamaulipas juega un papel relevante en la industria energética, la entidad cuenta con una importante infraestructura consistente en puertos y gaseoductos. Un motivo más para buscar su pronta pacificación ya que no debe desdeñarse la posibilidad de que la violencia impacte de forma negativa la inversión esperada a partir de la reforma del año pasado. De continuar la inseguridad la inversión podría desincentivarse, sobre todo para aquellas medianas y chicas empresas que son incapaces de absorber los costos de seguridad.
Más allá de la pacificación que el gobierno logró en Michoacán y que podría lograr en Tamaulipas con los recursos que está por emplazar, la seguridad no depende de llamaradas de petate sino del desarrollo de capacidad policiaca y judicial local. Desafortunadamente, nada de eso está siendo construido, lo cual sugiere que la solución empleada no podrá ser duradera.
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