El problema de fondo en la industria de las telecomunicaciones en México es la falta de competencia, lo que implica precios altos y un servicio limitado a pocos sectores de la población. El propio Presidente Calderón ha llamado a inyectar competencia en la industria para aumentar la productividad y competitividad del país, sobre todo tratándose de un sector que continúa creciendo a pesar de la crisis económica.
En este contexto, resulta contradictorio promover un gravamen de 3% al consumo de telefonía fija, móvil y televisión por cable, al tiempo que se otorga una exención fiscal por dos años a los nuevos operadores que entren a ofrecer servicios de telecomunicaciones. Con dicho gravamen se pretendía recaudar 10 mil 500 millones de pesos –cifra que al no gravar servicios de Internet y por la alta elasticidad de la demanda por estos servicios podría descender hasta 4 mil 500 millones. Además, de aprobarse la exención a nuevos operadores, el Gobierno dejaría de recaudar hasta 5 mil 700 millones de pesos por parte de las empresas del sector. Las cuentas no dan.
El Gobierno le apuesta así a que una mayor competencia en el sector implique más opciones y mejores precios en los servicios. Pero mientras eso ocurre, será el propio usuario de estos servicios el que pagará –con nuevos impuestos– los platos rotos del boquete fiscal.
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