Cuando la tecnología rebasa la regulación, generalmente la opción a seguir se encuentra en buscar actualizaciones adecuadas al marco normativo para dar paso a los nuevos avances. Sin embargo, no es ese el caso del sector telecomunicaciones en México. Mientras que la tecnología ha hecho posible que cualquier operador ofrezca cualquier servicio (telefonía fija, móvil, Internet, y televisión) a través de casi cualquier red, la política ha hecho posible que esto no suceda.
En lugar de que el Gobierno Federal encuentre salidas regulatorias a la falta de competencia en televisión y al incumplimiento de la regulación en telefonía -Telmex aún no implementa el Plan Técnico de Interconexión que lleva años en el tintero- son los propios operadores los que ponen al Gobierno en jaque al dirimir sus conflictos en la arena mediática. La presión política de ambos lados es tal, que pareciera que la salida al conflicto se encuentra en tomar partido, resolver a favor de Telmex -que busca ofrecer televisión pero su título de concesión no lo permite- o de Televisa-TV Azteca al no licitar una tercera cadena de televisión e impedir la entrada de Telmex al negocio de la televisión de paga. Pero tomar partido en este momento puede resultar muy costoso.
Con las elecciones de 2012 en puerta -para las cuales tanto el Gobierno Federal como los demás partidos necesitan de la cobertura mediática ofrecida por los dos canales de televisión abierta- es poco probable que alguien se arriesgue a tomar una decisión que podría afectar las posibilidades de que su partido gane la elección presidencial. Sin embargo, la inacción gubernamental no favorece a nadie, mucho menos al interés público. A la larga, la inacción se traduce en grupos fácticos fortalecidos ante instituciones ya de por si débiles.
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